NUEVA YORK – Líderes republicanos en la Cámara de Representantes federal evalúan la posibilidad de recortar fondos para programas de salud como Medicaid para asignar hasta $200,000 millones de dólares a la guerra en Irán, reseñaron medios como Axios esta semana.
La estrategia que usarían miembros de la mayoría en el Congreso sería similar a la aplicada en el verano del año pasado cuando se aprobó la llamada “Gran y Hermosa” ley de presupuesto (OBBA) o H.R. 1.
En el caso de Medicaid, se establecieron nuevo requisitos laborales. A partir de 2027, los beneficiarios entre 19 y 64 años deben cumplir con 80 horas mensuales de trabajo o gestión comunitaria.
Los estimados de organizaciones como RWJF (Robert Wood Johnson Foundation) apuntan a que, entre 4.9 y 10.1 millones de personas podrían perder su cobertura de Medicaid en 2028 como resultado de esos nuevos requisitos laborales y controles de elegibilidad más estrictos.
Un nuevo estudio de Public Citizen divulgado esta semana arrojó que más de 400 hospitales en todo Estados Unidos corren un alto riesgo de cerrar o reducir servicios debido a los recortes de Medicaid que incluyen los de la referida ley.
El argumento de los republicanos en los pasados meses para encaminar cambios de este tipo es que son necesarios para combatir el fraude y el despilfarro en los programas federales.
El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, declaró a Axios que evalúan varias medidas de esa índole como parte de las discusiones.
“Hay otros puntos que estamos analizando en este momento, especialmente en las áreas de fraude, despilfarro y abuso, los cuales estamos revisando junto con nuestros miembros“, dijo el republicano de Louisiana.
Como resultado de la revisión, disposiciones contenidas en la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), popularmente conocida como “Obamacare”, también podrían ser alteradas.
El informe de prensa añadió que el presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara, Jodey Arrington, republicano de Texas, está retomando una propuesta que ya se consideró el año pasado para financiar los pagos de Obamacare, conocidos como “reducciones de costos compartidos”.
La anterior junto a otras medidas, supuestamente la proveería al Gobierno más de $30,000 millones de dólares para asignar a la guerra y también para financiar agencias como ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
OBBBA, aprobada en julio de 2025, redujo los créditos fiscales de ACA a partir de este año y restringió los subsidios para ciertas inscripciones especiales, entre otros cambios.
Los créditos fiscales para las primas ampliadas bajo ACA expiraron oficialmente el 31 de diciembre pasado. Como no hubo acción del Congreso para prorrogarlos por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas, unos 22 millones de beneficiarios están enfrentando aumentos en las primas.
El plan aún está en pañales y, para lograr que avance, se tendrá que convencer a los republicanos moderados que temen, entre otras cosas, los efectos que tendrían medidas como estas en potenciales votantes de cara a las elecciones de medio término en noviembre.
Trump, con amplia influencia en las decisiones de la mayoría republicana en el Congreso, supuestamente está presionando para que aprueben legislación de “Nación más favorecida”.
Los esfuerzos están asociados a la orden ejecutiva “Ofrecimiento de precios de nación más favorecida en medicamentos recetados a los pacientes estadounidenses” que Trump firmó el 12 de mayo de 2025. En el decreto, el mandatario instruyó a la Administración a adoptar numerosas medidas para alinear los precios de los medicamentos en EE.UU. con los que pagan naciones similares.
El 31 de julio, el Presidente envió cartas a los principales fabricantes farmacéuticos, en las que detallaba los pasos que debían seguir para reducir los precios de los medicamentos recetados en EE.UU.
Desde el 30 de septiembre, Trump ha anunciado al menos 14 acuerdos con fabricantes farmacéuticos para ajustar los precios en EE.UU. con los que se pagan en otras naciones desarrolladas.
Con esto se espera un alivio “sustancial” en los precios de numerosos productos consumidos por millones de estadounidenses, según una hoja de datos que distribuyó la Casa Blanca.
De acuerdo con el informe de Axios, un nuevo proyecto de ley de reconciliación fiscal podría ser la vía para los cambios.
No está claro el impacto que tendrían estas medidas en territorios como Puerto Rico, donde la mitad de la población depende de Medicaid para su cuidado de salud.
En Puerto Rico, el programa Medicaid opera bajo una estructura diferente bajo la que se asigna menos cantidad de fondos federales para el programa.
Contrario a los 50 estados y el Distrito de Columbia (D.C.), el FMAP (Federal Medical Assistance Percentage) en la isla se aplica hasta que se alcanza el tope anual de fondos federales aprobados en el Congreso para cierto periodo de tiempo. El FMAP es el porcentaje de participación federal que financia los programas Medicaid en estados y territorios.
Cuando estos fondos están próximos a agotarse en Puerto Rico, inicia lo que se conoce como el “precipicio” o “abismo” fiscal de Medicaid. Antes del 30 de septiembre de 2027, el Congreso debe aprobar legislación que garantice la continuidad en el financiamiento.
Bajo la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023 (Ley Pública 117-328), el FMAP de Puerto Rico se incrementó al 76 % para el periodo entre el 29 de diciembre de 2022 y la referida fecha, o sea por cinco años.
