WADEYE, Australia — Después de un vuelo de una hora sobre la arena ocre del norte de Australia, la juez caminó hacia la sala de tribunal improvisada, una sola habitación con paredes blancas junto a una nueva estación de policía de 20 millones de dólares rodeada de alambre de púas.
Más de una docena de acusados aborígenes esperaban descalzos en el calor abrasador. La mayoría hablaba poco inglés. Tendrían sólo algunos minutos con sus abogados, también recién llegados, antes de ser llamados uno por uno a unas mesas portátiles para enfrentar a la juez. Ese día, se oyeron unos 90 casos.
Bajo un sistema de “tribunales remotos”, fiscales, abogados defensores y jueces viajan por un circuito de más de dos docenas de comunidades en el Territorio del Norte, manejando una larga lista de casos. Opera bajo el principio de que todos los australianos, sin importar dónde vivan, deberían tener acceso al sistema de cortes. En la práctica, es una línea de ensamblado judicial que a menudo lleva al encarcelamiento.
Los detractores califican los tribunales remotos de Australia como una institución particularmente punitiva con raíces en el colonialismo que abusa de los derechos de los indígenas australianos.
© clarin.com En Wadeye, Australia, aborígenes esperan afuera de la corte improvisada. Foto: Matthew Abbott para The New York Times.
Los tribunales son parte de un sistema legal que, de acuerdo con algunas estimaciones, ha hecho que los aborígenes australianos sean las personas más encarceladas del mundo: componen el 26 por ciento de la población del Territorio del Norte, pero representan el 84 por ciento de sus reos.
Es “exactamente como un corral de ganado”, dijo Leanne Liddle, directora de la unidad de justicia aborigen de la procuraduría general en el Territorio del Norte, ella misma aborigen, de los tribunales.
Ella ha estado dirigiendo una campaña a favor de cambios, incluyendo “tribunales comunitarios” que involucrarían a patriarcas indígenas.
Wadeye, un pueblo de 2.000 habitantes, el 90 por ciento de ellos aborigen, es la sede del tribunal remoto más concurrido de Australia. En el pueblo, hasta 20 personas pueden vivir en una casa con tres o cuatro habitaciones, menos de la mitad de los niños asiste a la escuela la mayoría de los días y, durante gran parte del año, el poblado no tiene acceso a los caminos debido a las inundaciones de la temporada de lluvias.
Algunos jóvenes, divididos por clanes, son miembros de pandillas bautizadas en honor a bandas de heavy metal, cuyas disputas frecuentemente se desarrollan con violencia.
Algunos residentes de Wadeye dicen apoyar un enfoque duro hacia la imposición de la ley. “Tenemos que detener la violencia”, afirmó Clare Jongmin, una matriarca aborigen.
Pero mientras las protestas de Black Lives Matter se han extendido por las ciudades de Australia, las críticas a instituciones como el tribunal remoto han aumentado.
«Estamos en un punto de inflexión», dijo Thalia Anthony, profesora de derecho de la Universidad de Tecnología de Sydney y experta en los aborígenes australianos y el sistema de justicia penal. «La gente está abriendo los ojos».
La ministra de justicia del Territorio del Norte, Selena Uibo, dijo que el gobierno estaba «comprometido a mejorar el sistema de justicia para los Territorios Aborígenes» a través de un marco que se está desarrollando actualmente, incluyendo la reducción de sus altos niveles de encarcelamiento.
Ese encarcelamiento generalizado refleja en parte un enfoque de «mano dura contra el delito» en Australia y, en particular, en el Territorio del Norte, donde muchos delitos conllevan condenas obligatorias.
Delitos como conducir en desafío a una orden judicial pueden acabar llevando a las personas a la cárcel. Las personas con discapacidades como la sordera a veces se enfrentan a sanciones penales por no obedecer las instrucciones de la policía. Algunos rompen inadvertidamente la sentencia y las condiciones de la fianza porque no se les han explicado adecuadamente las instrucciones en su idioma indígena.
«Los aborígenes están llenando las cárceles porque no entienden el proceso«, dijo Stewart Levitt, un abogado de derechos humanos con sede en Sydney que está representando a varios residentes de Wadeye en una demanda colectiva contra el gobierno del territorio que alega la discriminación racial institucionalizada.
Una de las principales afirmaciones de la demanda es que el tribunal remoto proporciona servicios de traducción inadecuados. Los equipos de intérpretes suelen tener poco personal y, en algunos casos, sólo hablan un inglés rudimentario. Muchos casos se tramitan con tanta rapidez que el intérprete comunica sólo una sentencia o las condiciones de la fianza a los acusados, incumpliendo el requisito de que entiendan lo que sucede en todo momento en la sala del tribunal, dijo el Sr. Levitt.
