Santiago de Chile.- El presidente chileno, Gabriel Boric, cumple este lunes dos complejos años en el poder, marcados por el fracaso constitucional y la ola de incendios más mortífera de la historia, y con los principales deberes de su ambiciosa agenda de cambios pendientes de cumplir.
Boric, que se instaló en La Moneda el 11 de marzo de 2022 entre grandes expectativas y tras una dura contienda con la ultraderecha, llega al ecuador de su mandato con un liderazgo debilitado, una aprobación que no consigue levantar y con mucho más reconocimiento fuera que dentro de su propio país.
“Desde fuera se lo valora más en sus intentos de buscar una reconciliación después de un largo tiempo de mucha polarización”, dijo a EFE Anna Ayuso, investigadora del CIDOB, un centro de pensamiento en relaciones internacionales de Barcelona.
Tras dos intentos de cambio fallidos, Chile optó en diciembre por mantener la Constitución actual, heredera de la dictadura (1973-1990). Sin margen para una tercera oportunidad, Boric señaló que “las urgencias” ciudadanas cambiaron y mencionó sus reformas estrella –la de pensiones y la tributaria– y el crecimiento económico tras un año con nulos resultados.
“Después de la reforma constitucional fallida, no hubo un propósito concreto del Gobierno más que en tres o cuatro reformas puntuales en las que tampoco ha podido avanzar”, indicó a EFE el politólogo de la Universidad de San Sebastián Jaime Abedrapo.
Cambio de prioridades
Boric, de 38 años, gobierna con un Congreso muy fragmentado, donde su coalición está en minoría y en el que mantiene un pulso permanente con la oposición, que ha obstaculizado varias veces los avances de sus proyectos.
“Es poco probable que salgan adelante por el desgaste del Ejecutivo y el nivel de polarización del sistema político chileno, que forma parte de un ‘clima de época’ que atraviesa la región y otras partes del mundo”, sostuvo a EFE el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Chile), Fabricio Franco Mayorga.
En cambio, el gran tema que la oposición logró instalar con fuerza hasta copar todas las agendas fue la seguridad, por el aumento del crimen organizado en el país que, si bien se mantiene entre los más seguros de la región, ha registrado un alza considerable de los crímenes violentos.
“Hemos reordenado nuestras prioridades y lo seguiremos haciendo”, dijo Boric en junio durante su discurso de la Cuenta Pública, tras convertir el asunto en una de las principales preocupaciones de su equipo.
“Muchas veces un líder llega a su despacho con unas prioridades, pero la sociedad tiene otros requerimientos”, indicó a EFE Jason Marczak, del Atlantic Council de Estados Unidos.
Para Anna Ayuso, si bien en materia de seguridad Boric es “más moderado” que otros líderes latinoamericanos, “su problema es que no contenta a nadie”: ni a quienes piden más mano dura contra la delincuencia, ni a quienes rechazan el exceso de punitivismo o la militarización del sur del país.
Derechos humanos por bandera
Boric, que sí logró aprobar las 40 horas laborales y un aumento histórico del salario mínimo, ha destacado por la defensa de los derechos humanos, una bandera que tomó con fuerza e hizo suya tanto dentro del país como fuera.
Impulsó un inédito plan de búsqueda de víctimas desaparecidas durante la dictadura y ha criticado duramente los regímenes de Venezuela y Nicaragua y se ha posicionado contra la ofensiva israelí en Gaza.
“Capturó el interés del exterior porque en Latinoamérica es poco común encontrar a un presidente dispuesto a criticar violaciones de los derechos humanos cometidos tanto por gobiernos de derecha como de izquierda”, apuntó a EFE Benjamin Gedan del Wilson Center de Estados Unidos.
La mancha de la corrupción
La mancha más grande que, por ahora, enturbia su gestión se reveló en junio, con el llamado Caso Convenios, una trama de supuestas irregularidades en el traspaso de subvenciones públicas a fundaciones privadas.
El escándalo costó a Boric uno de los momentos más duros de este segundo año: la renuncia del exministro de Desarrollo Social e íntimo amigo, Giorgio Jackson, fundador del partido de la coalición gubernamental Revolución Democrática (RD), vinculado a una de las fundaciones.
“Se abrió un problema de legitimidad y confianza que perseguirá al oficialismo durante todo su mandato porque la probidad fue una de las razones de la confianza ciudadana en este Gobierno”, opinó Abedrapo.
Las elecciones municipales y regionales de finales de año medirán la factura que este polémico caso pasó tanto a RD como a su coalición principal, el izquierdista Frente Amplio.
Para Ayuso, además, el resultado electoral puede tener implicaciones tanto en la composición del Gobierno como en sus alianzas de los últimos dos años.
