El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el próximo jueves 28 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana, la audiencia del juicio de fondo del caso Nido o Indisarq, donde el Ministerio Público tenía previsto la reproducción de las pruebas en contra de los acusados, de integrar una presunta red de estafa inmobiliaria, cuyo principal imputado es Emmanuel Rivera Ledesma.
La decisión fue adoptada luego de que una de las imputadas depositara un certificado médico que le recomienda reposo por ocho días, señora Mirna Catalina Rivera Ledesma; mientras que otro de los acusados, Reilin Arismendy Rosario García, justificó su ausencia alegando el fallecimiento de un familiar. Los documentos fueron entregados ante el tribunal y no hubo oposición al aplazamiento.
De acuerdo con el Ministerio Público, la red había perjudicado a más de 500 personas mediante la oferta de viviendas en siete proyectos inmobiliarios. Las autoridades estiman que el fraude supera los RD$235 millones y los US$10 millones, en presunta violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano.
La investigación comenzó tras una denuncia difundida el 7 de octubre de 2023 en el programa N Investiga, de Nuria Piera.
Luego del reportaje, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Nido el 3 de enero de 2024, con 25 allanamientos realizados en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
En el expediente figuran, además de Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa y María Gabriela Rivera.
También fueron incluidas las empresas Indisarq SRL, CRD Equipos Pesados SRL, Grupo Wimar SRL y Auto Xperts AFM SRL, entre otras entidades señaladas por las autoridades.
Durante la investigación, el Ministerio Público afirmó haber ocupado evidencias que muestran que Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que contaba con protección de figuras influyentes, a quienes, según las pesquisas, ni siquiera conocía.
Los fiscales también documentaron el estilo de vida ostentoso de varios integrantes de la supuesta red, financiado presuntamente con recursos obtenidos de las víctimas.
El órgano acusador sostuvo, además, que Rivera Ledesma habría realizado maniobras para evitar nuevas querellas y lograr que afectados retiraran denuncias ya presentadas. Según el expediente, también intentó que las víctimas firmaran nuevos contratos y ejecutaran acciones que pudieran obstruir el proceso judicial.