El Poder Ejecutivo devolvió este martes al Congreso Nacional el proyecto de ley que reformaría la Cámara de Cuentas, una pieza que se aprobó en julio en la Cámara de Diputados con la intención de disminuir los conflictos internos en la institución y que estaba pendiente de promulgación.
En las observaciones, el presidente Luis Abinader enumeró una serie de cambios al proyecto que aprobaron los legisladores y propuso modificaciones para evitar enfrentamientos entre los cinco miembros titulares del Pleno de la Cámara de Cuentas, así como el endurecimiento de las penas a los funcionarios que cometan corrupción.
A mediados del 2023, los actuales titulares de la Cámara de Cuentas protagonizaron un conflicto en el que se acusaban de usurpar funciones y, en ese orden, el Poder Ejecutivo propuso eliminar el párrafo dos del artículo 30 del proyecto de ley, que daba poder a los miembros del Pleno para abrir sesiones ordinarias en caso de que el presidente del órgano fiscalizador se niegue a encabezar las reuniones.
Asimismo, el Gobierno sugiere cambiar el artículo 31 del proyecto para que las sesiones sólo sean legítimas si están presentes tres de los cinco miembros titulares, mientras que en las extraordinarias deberán estar presentes cuatro funcionarios. El proyecto de los legisladores exponía que las sesiones debían contar con la presencia de la mitad más uno de los miembros del Pleno.
También, las observaciones del Ejecutivo formulan más cambios en las sesiones de la Cámara de Cuentas para que las resoluciones de los encuentros registren los votos de cada miembro titular y para que el voto del presidente en cualquier tema sea decisivo en caso de empate.
Otra modificación expuesta al proyecto de ley establece que la agenda de las sesiones en la Cámara de Cuentas podrá ser modificada con el voto favorable de tres miembros titulares. La iniciativa aprobada por los congresistas dejaba abierto el concepto y disponía que el orden del día podía de las sesiones podría ser cambiado por las dos terceras partes de los miembros.
Ayuda y cooperación
Uno de los puntos que desató el conflicto en el actual Pleno de la Cámara de Cuentas fue la posibilidad de que órganos nacionales e internacionales puedan revisar las actuaciones de la institución fiscalizadora. La propuesta la expuso el presidente de la entidad, Janel Andrés Ramírez, quien denunció que los demás miembros titulares rechazaron su sugerencia.
En ese sentido, el Gobierno agregó un numeral al artículo 41 del proyecto de ley de Cámara de Cuentas para que las funciones del presidente de la institución incluyan la aprobación de firmas de convenios de cooperación con entidades nacionales e internacionales para verificar e inspeccionar las actuaciones del Pleno auditor.
Endurecen infracciones
En su parte final, la observación del Poder Ejecutivo aumenta de cuatro a 31 las infracciones administrativas establecidas en el proyecto de ley y propone el endurecimiento de las consecuencias para quienes violen la normativa.
En ese orden, atendiendo a la gravedad del ilícito cometido, un funcionario podría pagar multas de hasta mil salarios mínimos y enfrentar un proceso penal en su contra si comete abuso de autoridad, recibe sobornos, contrae compromisos personales a nombre la entidad que dirige, recaudar ilegalmente recursos del Estado, exigir sumas de dinero no previstas en la ley, no investigar las faltas de sus subalternos y no depositar en cuentas bancarias oficiales los recursos que ingresen a su institución.
Además, se considerarían infracciones firmar cheques en blanco, aprobar asientos contables falsos, utilizar fondos públicos para beneficios personales o negar la colaboración a auditores gubernamentales.
A comisión
Los cambios propuestos por el Gobierno deberán ser estudiados por la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas, según acordó el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión de este martes.
