WASHINGTON- Los congresistas Adriano Espaillat y Pablo José Hernández exigieron respuestas sobre la justificación legal y detenciones injustas en los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en nueva Jersey y Puyerto Rico,
Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), y Hernández, comisionado residente de Puerto Rico y miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, enviaron una carta a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, y al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los instaron a que investiguen la conducta de sus agentes en esos operativos.
«PROFUNDA PREOCUPACION»
“Les escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por los recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en Nueva Jersey y Puerto Rico», explican en la misiva.
Citan que «los informes de los medios de comunicación en ambas regiones destacan la acción imprudente de los agentes del ICE, que ha causado una angustia considerable en las comunidades. Estas acciones han infundido de manera alarmante miedo entre los residentes, han perturbado las actividades comerciales y han suscitado graves preocupaciones sobre el comportamiento de las agencias federales y la preservación de los derechos al debido proceso”.
DOMINICANOS DETENIDOS EN PR
Durante el fin de semana, varios medios de comunicación informaron que agentes del ICE detuvieron al menos a tres personas de origen dominicano en el Barrio Obrero de Santurce, en San Juan, Puerto Rico. Según informes de los medios, testigos presenciales observaron a los agentes interrogando a personas en vecindarios con una importante población dominicana para verificar su estatus migratorio. En un incidente separado el 23 de enero, agentes del ICE allanaron un pequeño negocio en Newark, Nueva Jersey, y detuvieron a un veterano militar puertorriqueño sin una orden judicial, incluso cuando mostró una tarjeta de identificación de veterano válida a las autoridades.
Espaillat y Hernández enfatizaron que «estas acciones no solo generan preocupaciones sobre derechos fundamentales, sino que también infunden miedo y desconfianza en las comunidades».
