El famoso comunicador Vincent Carmona, conocido como El Dotol Nastra, enfrenta graves problemas legales tras ser demandado, junto a otros 15 comunicadores, por el productor discográfico Juan Carlos Restituyo, también conocido como CREADOR, y su empresa Vulcano Music Entertainment.
La primera audiencia del caso está programada para el próximo martes 3 de diciembre en los tribunales de Santo Domingo, bajo la dirección del fiscal titular Rafael Reyes, quien liderará la presentación inicial de los cargos y los argumentos del Ministerio Público.
La demanda reclama una indemnización de 10 millones de pesos dominicanos por daños y perjuicios. De acuerdo con los documentos legales, El Dotol Nastra habría hecho declaraciones difamatorias contra Restituyo en varias plataformas digitales, llamándolo «ladrón» y realizando afirmaciones que, según el demandante, han afectado gravemente su reputación personal y profesional.
El caso se complica por la naturaleza de las publicaciones, que se realizaron a través de plataformas digitales como YouTube, Instagram y TikTok. Esto ha elevado el proceso al ámbito de los delitos de alta tecnología, enmarcados en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que establece penas de prisión de entre tres meses y cinco años, además de multas significativas.
El conflicto comenzó en medio de un escándalo relacionado con el artista Bulin 47, quien recientemente terminó su contrato con Vulcano Music Entertainment. Durante este conflicto, El Dotol Nastra y otros comunicadores emitieron declaraciones que Restituyo considera calumniosas y perjudiciales para su empresa.
El caso está apenas en sus primeras etapas legales. Sin embargo, expertos en el tema de derecho han advertido sobre las graves consecuencias de este tipo de acusaciones en el ámbito digital. La defensa de El Dotol Nastra aún no ha emitido declaraciones oficiales, pero el comunicador enfrenta una dura batalla legal que podría resultar en una pena de prisión y daños económicos considerables si es hallado culpable.
Este caso resalta la creciente importancia de la responsabilidad en el manejo de opiniones públicas a través de plataformas digitales y sus implicaciones legales en el panorama dominicano. En un contexto donde las redes sociales tienen un alcance masivo, las consecuencias de las palabras expresadas en público pueden tener un impacto considerable, y este proceso judicial podría sentar un precedente importante.
