La oposición venezolana se manifestó en contra de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de confirmar a Nicolás Maduro como ganador de las discutidas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
El candidato opositor, Edmundo González Urrutia, publicó en la red social X que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” y “los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”, un mensaje directamente extractado del artículo 5 de la Constitución venezolana, que ha acompañado de la etiqueta #NoUsurparánLaVerdad.
Antes de conocerse el fallo, la líder opositora María Corina Machado había publicado que “no existe maniobra alguna que pueda otorgarle un ápice de legitimidad a Nicolás Maduro, frente al golpe de Estado a la Constitución que pretenden perpetrar”.
Maduro recurrió al Tribunal Supremo para que iniciara un peritaje del proceso y confirmara la validez de la victoria que le otorgó el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que ha hecho este jueves.
La oposición publicó el 80% de las actas a las que tuvieron acceso sus testigos en los centros electorales y por la que se mostraba un claro triunfo de González Urrutia.
Estados Unidos concluyó que González Urrutia fue el más votado, mientras que la Unión Europea y un grupo de 22 países reclamó a las autoridades venezolanas que publiquen las actas electorales, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, plantearon la posibilidad de repetir las elecciones para resolver la nueva crisis política abierta en el país.
Poco antes de conocer la decisión del TSJ, la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas en Venezuela, alertó sobre la “falta de independencia e imparcialidad” de esta institución y del Consejo Nacional Electoral.
El anuncio del triunfo de Maduro hecho por el CNE fue seguido por una ola de protestas en numerosas ciudades de Venezuela que derivó en una ola de detenciones masivas.
De acuerdo con la ONG Foro Penal hasta este 18 de agosto habían sido detenidas más de 1.500 personas, incluyendo 129 adolescentes y 18 personas con discapacidad.
Al respecto, Maduro ha dicho que el gobierno estaba habilitando dos cárceles de “máxima seguridad” para albergar a los manifestantes, a quienes calificó como “terroristas” y “delincuentes”.
