Como periodista de investigaciones delictuales y criminales, utilizo los medios de comunicación para realizar denuncias que nadie se atreve a efectuar, arriesgando no solo mi integridad física y la de mi familia, sino también mi propia libertad. Esta responsabilidad, intrínseca a mi labor, me lleva a cuestionar la protección y el amparo que actualmente se otorgan a los periodistas en la República Dominicana. En un entorno donde la impunidad y la corrupción pueden prosperar sin la intervención adecuada de la prensa, la falta de protección legal amenaza con silenciar a aquellos que buscan la verdad.
La labor que realizo día tras día implica denunciar a personas que, en algunas ocasiones, son delincuentes confesos. Sin embargo, la mayoría de las veces, me encuentro investigando a individuos sin antecedentes penales ni procesos de investigación en curso. Son estas investigaciones las que motivan a la fuerza pública a iniciar la persecución de estos infractores. Este contexto pone en riesgo mi libertad y credibilidad, ya que muchos de estos antisociales y delincuentes que investigo y denuncio no cuentan con condenas en su contra. Esto puede llevar a situaciones donde, al hacer los pronunciamientos, corro el riesgo de incurrir en difamación o injuria según la legislación penal dominicana.
La gran interrogante es: ¿De qué sirve realizar un trabajo investigativo si en muchas ocasiones no puedo exponer mis hallazgos debido a la falta de evidencia confirmada por un tribunal? Esto no solo limita mi capacidad para denunciar la verdad, sino que también puede implicar que me vea envuelto en procesos penales, como ya ha sucedido en algunas ocasiones.
El trabajo que realizo representa el verdadero periodismo de investigación: indagar y denunciar a personas sin condena previa. El periodismo no consiste únicamente en replicar información de fuentes institucionales, sino también en buscar, escudriñar y sacar a la luz pública a infractores de la ley que ni las autoridades conocen.
Es imperativo que se establezca un marco regulatorio que permita una mayor protección al periodismo en el contexto de poder hacer denuncias con soportes, aunque estos no hayan sido validados por un tribunal. La difamación e injuria, tal como están contempladas actualmente, se convierten en una especie de censura previa para el periodista de investigación. En cuanto a mi rol y a mi clase, debemos buscar una legislación que nos permita hablar y opinar sin temor a represalias penales. Esto no debe convertirse en un derecho a maltratar la honra de las personas, sino en una protección de la libertad de expresión y la difusión del pensamiento.
El periodismo investigativo es fundamental para una sociedad democrática y justa. Proteger la libertad de expresión y brindar un marco legal adecuado para los periodistas es esencial para que podamos seguir desempeñando nuestro papel como vigilantes de la verdad y defensores de los derechos ciudadanos.
