Nicolás Maduro investigado en la Argentina: cómo avanza la causa por crímenes ocurridos en Venezuela

Bajo el principio de “justicia universal”, el gobierno de Nicolás Maduro está siendo investigado en los tribunales argentinos por crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos en Venezuela. Al menos una decena de víctimas declararon sobre las vejaciones sufridas y dieron detalles de secuestros, detenciones y amenazas. No trascendieron sus declaraciones. El juez Sebastián Ramos ordenó estricta reserva para protegerlas, revelaron a Infobae fuentes judiciales. El foco está puesto en dos asesinatos ocurridos en febrero de 2014 y al menos ocho secuestros.

Mientras tanto, el juez Ramos libró pedidos de informes no solo a Venezuela, sino también a la Corte Penal Internacional y distintos organismos de derechos humanos. Los querellantes confían en que pronto habrá novedades en el expediente, pero se mantenían expectantes de lo que pueda suceder hoy en Venezuela. Es más: temían por la advertencia que hizo el propio Maduro esta semana sobre un “baño de sangre” en la nación caribeña si perdía las elecciones.

El juez, por lo pronto, cumple con las instrucciones dadas por la Cámara Federal cuando reabrió la causa: la instrucción fue juntar toda la prueba, chequeando las denuncias y los casos reportados en la CPI, de cara a avanzar hacia una indagatoria. ¿De quiénes? “Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello y todos aquellos identificados como responsables y se someta a juicio a todos los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad”, detalló el fallo.

Ese escenario podría complicarse si los acusados no aceptan prestarse a declarar en la justicia argentina. Pero ahora el Gobierno anunció el envío de un proyecto de ley para permitir el juicio en ausencia. El abogado querellante Tomás Farini Duggan dijo a Infobae que la investigación que sustancie el juez Ramos será clave si avanza esa iniciativa. “De esa forma los responsables y máximas autoridades de los regímenes autoritario podrán ser eventualmente condenados por crímenes de lesa humanidad, hecho que conlleva su captura internacional y alerta roja de Interpol”, afirmó.

Entre Venezuela y Argentina rige una fuerte tensión: el gobierno de Javier Milei anunció “acciones diplomáticas” contra el de Nicolás Maduro después de que este cerrara el espacio aéreo de Venezuela a los aviones argentinos que quieran sobrevolar su territorio y varias personas que denunciaron persecuciones consiguieron ser alojadas en la embajada argentina en Caracas.

En los últimos días, Maduro ha llamado en varias oportunidades al presidente argentino “malparido fascista”. Desde el Gobierno argentino se describió a Maduro como un “dictador”. “Para nosotros las palabras de un dictador no ameritan un análisis porque vienen de una persona que tiene trastocados los valores éticos, morales, y está en contra de lo que defendemos y pregonamos, que es la democracia”, señaló el vocero oficial Manuel Adorni.

La causa

FOTO DE ARCHIVO: Una venezolana residente en Argentina sostiene un cartel que representa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que dice «Por una Venezuela sin Maduro». 25 de marzo de 2024.

Hace un año, el fiscal federal Carlos Stornelli inicio una investigación para determinar si se cometieron violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tras una denuncia presentada por la Fundación de George Clooney en los tribunales de Comodoro Py. Entre otras medidas, el fiscal pidió informes a jueces y fiscales de ese país, y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Argentina debe investigar las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal”, señalaba la denuncia, que agregaba evidencias sobre la responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra integrantes de la oposición.

Al impulsar la investigación, Stornelli imputó a integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana. Según la denuncia, habría una negativa de las autoridades judiciales venezolanas a investigar a “eslabones de la cadena de mando de Guardia Nacional Bolivariana y los intercambios de información registrada en su seno”.

Esa causa, que recibió el juez Sebastián Ramos, se anexó a otras que ya existían. En una de ellas, el fiscal Gerardo Pollicita ya había dictaminado que no correspondía proceder porque la Corte Penal Internacional (CPI) investigaba desde 2018 una denuncia similar contra Maduro que promovieron los presidentes de cinco países, entre ellos Mauricio Macri, junto con Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá.

El juez Ramos dispuso el archivo de esas actuaciones y ordenó remitir el expediente, con el testimonio de las víctimas, a la Corte Penal Internacional, donde ya existe un expediente abierto contra el gobierno de Nicolás Maduro, precisamente por la posición que tuvo Argentina en esa denuncia.

Pero un grupo de víctimas apeló y sostuvo que “ese criterio no puede ser compartido porque no se ha determinado que los casos llevados a conocimiento de la CPI sean los mismos que fueron denunciados en este proceso, para su investigación” y porque la actuación del fiscal Pollicita se vio “superada por la ampliación del requerimiento de instrucción presentado por el fiscal Carlos Stornelli el 21 de febrero” pasado. A eso le sumaron otros casos que incluyeron la desaparición forzada de Rocío San Miguel, hechos que “la CPI probablemente no investiga”. Las apelaciones estuvieron en manos del Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), ligada a Waldo Wolff (hoy ministro de Seguridad porteño) y del abogado Tomás Farini Duggan.

Elisa Trotta y Tomas Farini Duggan en Comodoro Py (Adrián Escándar)

Qué dijo la Cámara Federal

El 5 de abril pasado, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la investigación por las responsabilidades del gobierno de Nicolás Maduro: consideró que se tratan de delitos de “extrema gravedad” que obligan a actuar sin “dilación ni demora” para proteger a los “amplios sectores de la población civil”.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens instaron a llevar adelante todas las diligencias que impulsó el fiscal Carlos Stornelli “con celeridad” por entenderlas “imprescindibles para contrapesar el accionar delictivo ejecutado por las autoridades estatales del gobierno venezolano”.

Y motorizaron (“en caso de hallarse reunidos los requisitos legales”) el llamado a indagatoria a los imputados. Uno de los votos, el del juez Llorens, planteó incluso que en la causa se deben disponer “todas las medidas cautelares urgentes que permitan la sujeción de los responsables al proceso, como ser su orden de captura inmediata”.

Los informes

12/02/2021 Un hombre sostiene una pancarta donde se puede leer «Preso político» en una concentración como signo de apoyo a la mujer de Ernesto Quintero, el venezolano que fue detenido para ser extraditado a Venezuela, Óscar Cañas – Europa Press

En el expediente constan tres informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que investigó casos de violaciones de derechos humanos desde 2014. Es una fuerza de observación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019.

El primero de los informes detalló casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y afirmó que altos funcionarios se encontrarían involucrados. Allí se sostiene que esos actos fueron cometidos por dos motivos: para mantener el poder del gobierno y para controlar el crimen común. Las víctimas eran activistas políticos y sociales de alto perfil público. Se documentaron casos de abuso sexual y torturas cometidas por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), cuerpo que en múltiples oportunidades se negó a liberar a los detenidos a pesar de tener órdenes para hacerlo.

Un segundo informe concluyó que el sistema de justicia sirvió al régimen para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos en el país. “La Misión tiene motivos razonables para creer que las juezas, jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositoras y opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial”, se afirma allí. De las 183 detenciones de personas opositoras o percibidas como tales ocurridas entre 2014 y 2021, 82 personas fueron presuntamente sometidas a tortura.

El último de los informes de la Misión, incorporado a la causa, identifica los patrones de conducta en los métodos de tortura utilizados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), tanto por hombres como mujeres, contra las personas detenidas. Entre la violencia física aparece “fuertes golpes con bates y objetos punzantes”, “descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo”, “asfixia con sustancias tóxicas y agua”, o “cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas”, entre otros. Hay además casos de abusos sexuales con objetos, desnudez forzada, golpes en los genitales y descargas eléctricas. Y el detalle sobre las condiciones de alojamiento: la “privación de alimentos y agua”, obligarlos a comer en el suelo en medio de heces, falta de aseo personal y violencia psicológica.