SANTO DOMINGO. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este lunes su preocupación por las implicaciones para la libertad de prensa y las fuentes confidenciales de información que entraña una ley de inteligencia recientemente aprobada en la República Dominicana.
La normativa, que reestructura el sistema nacional de inteligencia, fue promulgada el pasado 15 de enero por el presidente, Luis Abinader.
El Gobierno dominicano sostiene que la citada ley «representa un paso importante en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción», al proporcionar «la herramienta legal necesaria», recogió la SIP en un comunicado.
Pero organizaciones locales que representan a medios y a periodistas, tales como el Colegio de Periodistas y la Sociedad Dominicana de Diarios, criticaron la ambigüedad de algunos artículos de la ley y advirtieron sobre sus posibles impactos negativos en el ámbito de la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional.
Así, el artículo 11 de la nueva legislación, por ejemplo, dice que «todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas (…) estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) todas las informaciones que esta requiera (…) para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional».
El presidente de la SIP, Roberto Rock, director de La Silla Rota, de México, alertó sobre una «regulación tan amplia» de seguridad nacional que «obligue a instituciones privadas como los medios de comunicación a entregar todas las informaciones que se requieran».
Una norma que puede tener, añadió Rock, «implicaciones negativas sobre la confidencialidad de las fuentes periodísticas y el derecho a la privacidad».
El artículo 8 de la Declaración de Salta de la SIP estipula que «las leyes deben garantizar el derecho a proteger la identidad de las fuentes confidenciales de los periodistas y deben permitir el uso de herramientas de encriptación o cifrado».
El artículo 26 de la cuestionada ley establece sanciones penales, como prisión de dos a tres años y multas desde nueve a quince salarios mínimos del sector público, a quienes «oculten informaciones» requeridas por la DNI, resaltó la SIP, con sede en Miami.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, advirtió de que «el lenguaje amplio y ambiguo de esta ley, sumado a su carácter sancionatorio, puede fomentar la autocensura entre periodistas y medios de comunicación, con el impacto que ello causaría en el derecho de todos los dominicanos a acceder a información, un derecho consagrado en la Constitución».
Jornet subrayó que el secreto profesional periodístico es una «pieza central» para que quienes informan a la sociedad ejerzan su labor con plena libertad y es, además, un «instrumento clave para que la ciudadanía acceda a datos de interés público».
En un editorial publicado hoy, titulado «La prensa libre reclama un mayor blindaje», Listín Diario, de República Dominicana, señala que, «con los profundos temores que abriga la sociedad ante los alcances de la peligrosa Ley 1-24, que entra en colisión con nuestra Carta Magna, la única alternativa es reformularla en el Congreso».
Pide el periódico que se desmantelen los artículos ambiguos que, por sí mismos, «abren válvulas al desconocimiento o violación de derechos ciudadanos consagrados en la Constitución».
La República Dominicana había avanzado en 2023 a la posición número uno entre 22 países según el Índice Chapultepec de la SIP, un barómetro que mide la situación de la libertad de prensa en las Américas.
