Nueva York – El juicio federal por corrupción contra la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, fue pospuesto para en o antes de diciembre de este año.
La jueza del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Silvia Carreño Coll, informó de la decisión esta semana poco después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó al excomisionado de instituciones financieras, George Joyner Kelly, como la persona que llevó a la investigación contra la exfuncionaria del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Joyner Kelly habría entregado al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) un disco duro lleno de documentos luego de que Vázquez lo despidiera de la posición.
Vázquez, quien asumió el máximo cargo de Gobierno en la isla en el 2019 poco después de que Ricardo Rosselló renunciara al cargo tras masivas protestas ciudadanas, habría recibido sobornos por parte de Julio Martin Herrera Velutini y Mark Rossini.
Las autoridades federales en el territorio alegan que Herrera Velutini y Rossini pagaron sobornos a la hoy exgobernadora para que sacara de su posición al excomisionado.
Herrera Velutini, banquero italiano venezolano, es el fundador de Bancredito International Bank & Trust Corp. Mientras que Rossini, natural de Madrid, España, era un exagente especial el FBI que proveyó servicios de asesoría a Herrera Velutini.
El dinero producto de los sobornos habría sido utilizado por Vázquez para financiar su campaña a la gobernación frente a su rival Pedro Pierluisi, quien terminó prevaleciendo en primarias, y es hoy el primer ejecutivo de la isla.
El supuesto esquema se fraguó, según los investigadores, entre diciembre de 2019 hasta junio de 2020.
“Voluminosa” evidencia en el caso
La fecha propuesta por Carreño Coll para el inicio del juicio se debe en parte a la “voluminosa” evidencia en el caso.
El medio Noticel reseñó que Ryan R. Crosswell, fiscal del caso, expuso detalles del informante en una moción por una disputa de descubrimiento de prueba que está pendiente.
La decisión sobre la posposición de la vista judicial se anunció este martes. Durante la audiencia, personal de la Fiscalía federal, encabezada por el jefe de la División de Corrupción Pública, Seth Erbe, expuso los problemas que han tenido para redactar sus mociones y los impedimentos para suministrar la evidencia a la defensa de los acusados.
Por su parte, la defensa argumentó que la Fiscalía ha preparado los documentos de una forma en que supuestamente es imposible identificar desde la fuente hasta la custodia de los mismos. Los abogados además alegan que las millones de páginas están desorganizadas, lo que dificulta la búsqueda.
Edgar Sánchez Mercado, uno de los abogados de la exgobernadora, planteó a la prensa que hay una serie de documentos que se van multiplicando y que sobrepasan los 10 millones. Según el abogado, están haciendo todo lo humanamente posible con ayuda de la tecnología para avanzar con el proceso de modo que el juicio pueda comenzar este año.
Como medida para lidiar con el inconveniente, la defensa pidió que la Fiscalía federal les brinde acceso al programa que utilizaron para recopilar la prueba.
La jueza federal fijó para el 1 de marzo el fin de la entrega de evidencia, y para el 31 de ese mismo mes, la entrega de información suplementaria, detalla un informe de Primera Hora.
Juicio fue dividido en dos partes
En noviembre pasado, la jueza decidió separar el juicio en dos partes. La primera para evaluar los cargos 1 al 4 que están relacionados con conspiración, soborno a programas federales y fraude electrónico. En estas acusaciones están implicados Vázquez, Herrera Velutini y Rossini.
El segundo juicio sería únicamente contra Herrera Velutini por los cargos 5 al 7 que están relacionados con una alegada conspiración para sobornar al gobernador Pedro Pierluisi.
Actualización del caso poco después de convicción de exrepresentante del PNP, María Milagros Charbonier
La actualización sobre el proceso judicial contra la exgobernadora se da pocos días después de que la exrepresentante de la misma colectividad, María Milagros Charbonier Laureno, y su esposo Orlando Montes Rivera fueron declarados culpables por un jurado federal en todos los cargos de corrupción que fueron presentados en su contra.
La Fiscalía federal logró probar que el matrimonio defraudó al Gobierno de Puerto Rico a través de un esquema de “kickbacks”.
Charbonier Laureano infló el salario de su hoy exsecretaria Frances Acevedo Ceballo de $800 dólares a unos $2,900, entre 2017 y 2020, para que esta le pasara comisiones ilegales de entre $1,000 y $1,500 dólares cada dos semanas cuando cobraba.
