Organizaciones de derechos humanos rusas pidieron este miércoles al Tribunal Supremo que no reconozca mañana el movimiento LGBT como extremista y no prohíba sus actividades en este país.
Su principal argumento es que el Movimiento Internacional Cívico LGBT incluido en la demanda presentada por el Ministerio de Justicia, en realidad, «no existe», según informa el diario digital Meduza.
Aducen que «es imposible» considerar un movimiento cívico a una serie de personas que pertenecen a un grupo social o están unidos por cualidades personales concretas.
«Esto sería tan absurdo como, por ejemplo, llamar movimiento social a todos los pensionistas o a la gente que pertenece a una particular etnia», apuntan.
Además, acusan al Estado de querer «controlar las creencias» de los rusos, al tiempo que inculcan «los valores familiares ‘tradicionales’, supuestamente incompatibles con las actividades de ese movimiento».
«También se contradirá con las cláusulas de la Constitución que establecen que Rusia es un Estado laico», señala la nota.
También critican el secretismo del proceso, ya que la vista del Supremo transcurrirá a puerta cerrada y no hay ningún representante de la defensa.
«En resumen, es un proceso cerrado con un solo participante, el Ministerio de Justicia», señalan.
Los activistas advierten de que si el Supremo prohíbe el movimiento LGBT, los organizadores de sus actividades podrían ser condenados a diez años de cárcel, a lo que hay que sumar que serán perseguidos sus integrantes.
El pasado 17 de noviembre el Ministerio de Justicia pidió prohibir en el país las actividades del Movimiento Internacional Cívico LGBT en virtud de la norma sobre la lucha contra actividades extremistas aprobada en julio de 2022.
Las autoridades rusas han detectado en esa organización LGBT «tendencias extremistas», lo que incluye «la incitación al odio social y religioso».
En noviembre de 2022, la Duma (cámara de diputados) aprobó una ley que prohíbe totalmente la propaganda LGBT, la pedofilia y el cambio de sexo.
Además, en junio prohibió las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, lo que provocó una gran alarma entre la comunidad transexual.
Recientemente, el viceministro de Justicia, André Luguínov, aseguró ante la ONU que en Rusia no hay discriminación ni persecución de la comunidad homosexual y consideró que la prohibición de las manifestaciones públicas de la homosexualidad responde a los valores morales del país.
La reforma constitucional de 2020 introdujo el concepto de que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, después de que Vladímir Putin asegurara que, mientras sea presidente, en Rusia no habrá matrimonio homosexual.
El Kremlin, que también prohibió por ley la adopción de niños rusos por parejas no tradicionales, ha sido acusado por la ONU de aprobar leyes que promueven la homofobia.
Los activistas homosexuales rusos acusan a la Justicia de no perseguir los casos de violencia o discriminación contra las minorías sexuales, aunque la homosexualidad dejó de ser un crimen en Rusia en 1993.
En abril de 2017, el periódico Novaya Gazeta reveló que decenas de hombres fueron secuestrados, torturados y asesinados en la república de Chechenia por su orientación homosexual.
