Persecución: Rusia busca declarar organización extremista al movimiento LGBTQ+ en el país

El Ministerio de Justicia de Rusia presentó este viernes un pedido ante la Corte Suprema para que declare al movimiento LGBTQ una organización extremista y, por tanto, la considere ilegal.

La solicitud se dio a conocer por medio de un comunicado difundido por el Ministerio, en el que se precisa que las autoridades habían avanzado con la medida tras identificar “señales y manifestaciones de naturaleza extremista” en “las actividades del movimiento activo LGBT” en el país, que incluían “el incitamiento de discordia social y religiosa”.

La nota no aclara, sin embargo, si abarca al movimiento en general de defensa de los derechos de las identidades de género y de orientaciones sexuales minoritarias, o a organizaciones concretas de defensa de derechos.

Se trata de la más reciente medida del Kremlin contra este colectivo y una muestra de su postura cada vez más conservadora

Este es el más reciente golpe contra este “movimiento público internacional” y el más radical, una muestra del avance del conservadurismo en el país liderado por Vladimir Putin.

“El poder ruso olvida una vez más que la comunidad LGTB+ son personas, ciudadanos de este país como de los otros. Y, ahora, no solo quieren hacernos desaparecer del espacio público sino prohibirnos como grupo social. Es una medida típica de los regímenes represivos y no democráticos: perseguir a los más vulnerables”, declaró Dilia Gafurova, directora de la fundación Sphere, que lucha por esta causa.

Si bien aún no se ha conocido la definición del máximo tribunal ruso, los magistrados ya fijaron para el 30 de noviembre la fecha en la que debatirán esta cuestión en una audiencia, aunque se prevé que den lugar a la solicitud considerando el aumento de la censura y la persecución en el país, y el largo historial de ataques a este colectivo.

En la última década, Putin ha ordenado una serie de medidas cada vez más severas en contra de los homosexuales, en un intento por enaltecer los “valores familiares tradicionales” y sofocar los derechos de este sector de la sociedad. Inclusive, sus iniciativas han sido señaladas como homófobas por varias ONGs.

Así, en 2013, el Kremlin adoptó la primera ley, conocida como “Propaganda gay”, que prohíbe cualquier tipo de representación pública no crítica de “relaciones sexuales no tradicionales entre menores”. El Ejecutivo ruso aseguró entonces que, aunque la gente pueda tener la orientación que desee, es su deber proteger a los niños de esta tendencia que -asegura- es de Occidente.

Durante la última década, Putin puso como uno de los pilares de su Gobierno la protección de los “valores familiares tradicionales”

Posteriormente, en 2020, Putin impulsó una reforma constitucional que, si bien es más recordada por ser el as bajo la manga que le permite mantenerse en el poder durante dos mandatos más -es decir, hasta 2036-, también ilegaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A su vez, en 2022, a poco de lanzada la guerra sobre Ucrania, Moscú intensificó su discurso sobre los principios rusos y la protección de los “valores tradicionales” frente a la influencia “degradante” de Occidente y, con miras a sustentar su “operación especial” y legitimar su acción militar, la Duma aprobó una nueva ley que prohíbe propaganda de “relaciones sexuales” no tradicionales, ya no sólo en menores sino entre adultos también. Con esto quedaron ilegalizadas todo tipo de muestras LGBTQ+ en el país y por cualquier medio, ya sea en la televisión, Internet, libros, películas o música.

Como consecuencia, una muestra de ballet que iba a realizarse en el teatro Bolshoi de Moscú, que narra la vida del bailarín soviético homosexual Rudolf Nuréyev, fue dada de baja.

En Rusia están prohibidas las cirugías de cambio se sexo, los tratamientos hormonales con este fin y hasta se considera un cambio de género como una medida válida para solicitar la anulación de un matrimonio

Por último, este año otra legislatura suspendió las operaciones quirúrgicas y las terapias hormonales destinadas al cambio de sexo, así como el cambio de género en documentos oficiales y registros públicos.

A su vez, se introdujo una modificación en el Código Familiar para incluir el cambio de género como un motivo válido para solicitar la anulación de un matrimonio y sumó a quienes solicitaron esta transición a una lista de personas que no pueden convertirse en padres de acogida o de adopción.