La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, convocó a repudiar a nivel internacional las duras represiones registradas en Colombia contra manifestaciones pacíficas desde el pasado 28 de abril, cuando estalló un paro nacional en rechazo a una reforma tributaria que pronto se transformó en una crisis integral para el gobierno del presidente Iván Duque.
«Estamos enfrentando en América Latina, con grados diferentes, una construcción de enemigos internos clásicos. El pueblo es el gran enemigo de algunos de los Estados que están erigidos en la región», explicó la exmandataria durante una reunión virtual del progresista Grupo de Puebla, del que ella es una de las fundadoras, con miembros del Comité Nacional del Paro de Colombia.
A partir de esta perspectiva, agregó, la Policía tiene una actitud de despecho hacia las constituciones, el Estado democrático y el estado social del derecho. «Esto es muy grave porque las manifestaciones pacíficas pasan a ser verdaderos campos de guerras civiles», advirtió.
Por eso, consideró que es muy importante «denunciar y crear en el cociente internacional, un repudio a lo que hoy acontece en Colombia». «No es posible tantas muertes. También tenemos que construir iniciativas comunes, porque tenemos que aprender entre nosotros, América Latina tiene mucho que aprender de la experiencia del paro», explicó.
Según un informe de la organización Temblores, desde que comenzaron las movilizaciones hubo 4.285 casos de violencia policial, 1.468 personas víctimas de violencia física por parte de policías; 1.832 detenciones arbitrarias y 734 intervenciones violentas por parte de agentes policiales, quienes también están implicados en 215 casos de disparos de armas de fuego.
La violencia institucional ha derivado incluso en una denuncia por delitos de lesa humanidad en contra de Duque interpuesta por organizaciones de derechos humanos en la Corte Penal Internacional de La Haya.
«La guerra en Colombia invisibilizó los problemas sociales»
Durante el encuentro, el expresidente colombiano Ernesto Samper, quien también es fundador del Grupo de Puebla, explicó que el paro comenzó como una movilización social pacífica, pero se transformó en un problema de violaciones a los derechos humanos debido a la actuación de las fuerzas de Seguridad.
Sobre los motivos de la crisis, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro del Comité del Paro, explicó que el estallido social tiene mucho que ver con el acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«La guerra en Colombia invisibilizó los problemas sociales y las necesidades de millones de colombianos. El acuerdo de paz ha permitido que la brújula gire hacia los problemas sociales. Desde 2019 se viene incrementando la pobreza y la miseria. Con la pandemia estos indicadores se agravaron, hay cerca de tres millones y medio de nuevos pobres, es decir, que ganan menos de tres dólares», dijo.
A pesar de que el Comité Nacional del Paro suspendió de manera temporal las protestas el pasado 16 de junio, Maltés señaló que solo han hecho un cambio táctico porque están preparando varios proyectos de ley que presentarán ante el Congreso de la República.
«De no solucionarse los problemas en el diálogo entre el Congreso y los actores sociales, y teniendo en cuenta que no se han solucionado los graves problemas que motivaron el estallido social, en el segundo semestre de este año, es posible que se acentúen las movilizaciones«, advirtió.
De hecho, a pesar de la suspensión temporal, las protestas han continuado en gran parte del país, lo que demuestra el hastío de parte de la sociedad colombiana.
Una crisis profunda
Omar Romero, director del departamento de Derechos Humanos de la CUT, comentó que esperaban que el Gobierno aceptara dialogar, que entendiera que el uso de la fuerza no era la alternativa.
«Hoy el Gobierno no tiene el interés de tener un protocolo establecido con normas claras y precisas que están contempladas en la Constitución misma. Creemos que está violando el derecho a la protesta social porque un decreto no puede modificar una ley estatutaria», precisó.
Elizabeth Quiñones, otra integrante del Comité, lamentó que Colombia esté sumergida en una crisis profunda, en donde los jóvenes no le creen a nadie: ni a los partidos, ni a las instituciones, ni a las organizaciones.
«Eso se debe a esta crisis completa de lo económico, de lo político y de todo lo existente. Es este orden patriarcal, neoliberal capitalista, que es racista y homofóbico, lo que tenemos que cambiar. Ese es el gran reto», dijo.
Por supuesto, reconoció, un proceso de tal magnitud requiere profundizar los diálogos intergeneracionales que apuesten por la recuperación de confianza de modo que las protestas pacíficas ya no sean atacadas.
