El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó al Gobierno que los nuevos asentamientos para los ilegales se ubicaran lejos de las zonas residenciales de la ciudad. Moncloa rechazó la petición con una respuesta que, de no ser por el drama que atraviesan los ceutíes, resultaría casi desternillante: «No podemos aislar a los migrantes», según ha podido saber este DIARIO.
La respuesta de Moncloa a la petición de Juan Jesús Vivas retrata, mejor que ningún análisis, la gestión que el Gobierno está haciendo de la invasión en Ceuta. El resultado de esa negativa es que, en la práctica totalidad de la ciudad, los asentamientos conviven pared con pared con la vida cotidiana de los ceutíes.
En Loma Margarita, el campamento se sitúa en pleno corazón de una zona residencial. En los Jardines de la Hípica, terrenos del Ministerio de Defensa junto al Muelle de Poniente, ocurre lo mismo. El asentamiento de Los Rosales está pegado a una guardería y a varias viviendas. Y para llegar al hospital, los ceutíes tienen que pasar, sí o sí, por el asentamiento de Loma Colmenar. El de Sidi Embarek también linda directamente con zonas habitadas. Este pasado martes, trabajadores y residentes de la zona se concentraron para rechazar el traslado de invasores a un espacio próximo a depósitos de combustible.
La única forma de mantener a los invasores verdaderamente alejados de las zonas residenciales habría sido instalarlos en el monte Hacho o en el monte Anyera, los dos grandes espacios naturales despoblados de la ciudad. Pero ahí no hay ni un solo asentamiento.
Más allá de la convivencia forzada con barrios y guarderías, resulta especialmente llamativa la proximidad de varios de estos asentamientos a infraestructuras estratégicas de primer nivel. El campamento del Muelle de Poniente en el puerto se encuentra junto a los enormes depósitos petrolíferos de la empresa Ducar, una zona de alta seguridad conectada directamente a los muelles para el suministro de combustible a los barcos.
El Gobierno, además, está construyendo otro asentamiento junto al Cuartel de Caballería, de nuevo pegado a los depósitos petrolíferos de la antigua Cepsa, otra zona de alta seguridad. Y los invasores estarían intentando entrar en la desalinizadora situada entre las playas del Trampolín y Benítez, que ya habría sido ocupada.
Agua y combustible: dos de los recursos más sensibles de cualquier ciudad, situados junto a asentamientos improvisados que el propio Gobierno ha decidido no alejar de la población ni de las infraestructuras críticas. Tal es así que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a la Autoridad Portuaria de Ceuta y a Puertos del Estado que suspenda por motivos de seguridad la instalación de 16.000 metros cuadrados prevista para acoger a un millar de invasores en el puerto ceutí.
Esta información confirma que, mientras el presidente de la ciudad multiplicaba llamadas y reuniones para advertir de la gravedad de la situación, la respuesta desde Moncloa oscilaba entre el silencio, las malas caras y, finalmente, la petición directa de que dejara de insistir. «No llame más que ya se está poniendo pesadito», le respondió el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, tres días antes de la invasión.
