LA HABANA.- Cuba cerró agosto de 2026 con 1,339 prisioneros políticos, una cifra que representa un nuevo récord en las últimas décadas, de acuerdo con el informe mensual de la organización Prisoners Defenders.
El reporte documentó durante agosto 19 nuevas incorporaciones y siete excarcelaciones por cumplimiento íntegro de condenas, para un aumento neto de 12 personas en la lista. En los últimos 12 meses, la organización registró 281 nuevos prisioneros políticos, la cifra más elevada en tres años.
Según Prisoners Defenders, el informe refleja una creciente persecución contra personas que reclaman servicios básicos como agua y electricidad, graban actuaciones de agentes estatales o denuncian públicamente presuntos abusos de las autoridades.
MUJERES Y MENORES ENTRE LOS PRESOS
La organización señaló que su listado incluye 155 mujeres y 38 personas que fueron detenidas cuando eran menores de edad, de las cuales 14 continúan encarceladas.
Asimismo, afirmó haber documentado entre los presos políticos 463 personas con patologías médicas graves y 54 presos de conciencia con trastornos graves de salud mental, quienes, según la entidad, no reciben una atención médica adecuada.
Prisoners Defenders advirtió que la represión también tiene consecuencias sobre familiares de los detenidos, mediante amenazas, restricciones, presión económica y separación de padres e hijos.
CASOS DE FAMILIAS BAJO PRESIÓN
Entre los casos incluidos en el informe figura el de Caridad Silvente Laffita y su hija Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes sociales como Anna Bensi.
Según la organización, ambas serán llevadas a juicio después de grabar y difundir un video de agentes de la Seguridad del Estado que acudieron a su domicilio para entregar una citación. Inicialmente fueron sometidas a reclusión domiciliaria.
Prisoners Defenders indicó que la causa fue archivada en abril y reabierta en julio, y que las acusadas podrían enfrentar hasta cinco años de prisión, dependiendo del apartado del artículo 393 del Código Penal que sea aplicado.
Otro caso citado es el de Ivisleivi Castellano Puig y su hijo Antuan de Jesús Caballero Castellano, de 23 años. La organización sostiene que ambos fueron detenidos el 27 de agosto sin orden de arresto ni tutela judicial.
Ivisleivi fue posteriormente excarcelada, mientras su hijo permanece encarcelado, según el informe.
También figura Dairon Duque de Estrada Aguilera, quien, de acuerdo con Prisoners Defenders, volvió a prisión después de cumplir una condena de cuatro años y seis meses y ser excarcelado el 27 de marzo.
Su padre, Julio César Duque de Estrada Ferrer, también identificado por la organización como preso político, fue puesto en libertad condicional el 26 de agosto.
DENUNCIAS POR FALTA DE AGUA Y ELECTRICIDAD
El informe recoge además casos de personas detenidas después de denunciar públicamente problemas relacionados con servicios básicos.
Entre ellas está Doraykis Delgado González, madre de dos niños de siete y ocho años, quien fue detenida el 7 de julio después de transmitir una protesta en Alamar, La Habana, relacionada con los prolongados apagones en la zona.
