El pastor Ángel Gabriel Capellán, imputado en un proceso por presunto maltrato infantil y trabajo forzado contra menores de edad, llegó este jueves a la Fiscalía de San Cristóbal, donde decenas de miembros de distintas iglesias se concentraron para expresarle su respaldo.
Los religiosos permanecieron en las inmediaciones de la fiscalía y manifestaron su descontento con el proceso que se sigue contra Capellán, conocido como “El Pastor” o “Capellán”, mientras las autoridades avanzan con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La Fiscalía de San Cristóbal tiene previsto conocer este jueves la petición de medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, imputados por presuntas violaciones relacionadas con trabajo o servicio forzado en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, además de otras infracciones contempladas en las leyes 137-03 y 136-03.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra ambos imputados, a quienes atribuye delitos de maltrato físico y psicológico, así como trabajo o servicio forzado, en perjuicio de varios menores que permanecían en un local donde operaba la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), en el municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, 14 menores de edad rescatados en una propiedad vinculada a la fundación habrían sido sometidos a golpes, quemaduras, privación de alimentos y trabajos forzados.
La Fiscalía también sostiene que la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive” no contaba con autorización de una autoridad competente para operar como hogar de acogida para niños, niñas y adolescentes.
Entre los documentos ocupados durante los allanamientos figura una comunicación del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), fechada el 30 de octubre de 2020, mediante la cual, según el expediente, se habría dispuesto la suspensión del funcionamiento de la fundación y prohibido el ingreso de menores de edad a sus instalaciones.
El documento también habría ordenado iniciar el proceso de reinserción familiar de los niños y adolescentes que se encontraban acogidos en el lugar.
