Estados Unidos sancionó este martes a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), en una nueva escalada de las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya.
La decisión fue formalizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que también incluyó entre los sancionados al funcionario Abdoulaye Seye.
Las sanciones implican el bloqueo de los bienes y las participaciones financieras que Akane pueda tener bajo jurisdicción estadounidense. Además, las personas y entidades de Estados Unidos quedan, en términos generales, impedidas de realizar operaciones con los sancionados, salvo que exista una autorización específica del Gobierno.
El Departamento del Tesoro estableció, al mismo tiempo, un período limitado para cerrar determinadas operaciones relacionadas con Akane y Seye. La licencia general emitida este martes permite realizar las transacciones necesarias para liquidar negocios vinculados con ambos hasta las 12:01 de la madrugada del 17 de septiembre de 2026.
Cualquier pago destinado a una persona bloqueada deberá ser depositado en una cuenta restringida que genere intereses en Estados Unidos.
El documento de la OFAC precisa que la autorización no permite realizar operaciones con otras personas sancionadas bajo el mismo régimen. Las restricciones también alcanzan a las compañías en las que Akane o Seye posean, directa o indirectamente, al menos un 50 % de participación.
La medida se produce en medio de las tensiones entre Washington y la Corte Penal Internacional por el alcance de las investigaciones y decisiones del tribunal.
La CPI fue creada mediante el Estatuto de Roma y comenzó a funcionar en 2002 con el objetivo de juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando se cumplen las condiciones establecidas en su marco jurídico.
Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma. Sin embargo, la competencia de la CPI puede abarcar determinados crímenes cometidos en territorios de países que reconocen la jurisdicción del tribunal, incluso cuando los presuntos responsables sean ciudadanos de Estados que no pertenecen a la institución.
Washington mantiene desde hace años una posición crítica frente a determinadas actuaciones de la corte. La administración Trump ha cuestionado tanto las investigaciones relacionadas con ciudadanos estadounidenses como las decisiones vinculadas con Israel.
Las tensiones aumentaron después de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant.
Estados Unidos considera que esas actuaciones exceden las facultades del tribunal y ha respondido con sanciones contra funcionarios de la institución.
El Gobierno estadounidense también ha planteado ampliar la presión internacional sobre la CPI. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó recientemente que Washington buscaría impulsar una campaña diplomática para convencer a otros países de abandonar el organismo.
Las medidas adoptadas durante el último año también han alcanzado a jueces de la corte. Tres magistrados recurrieron las sanciones ante tribunales estadounidenses al considerar que las disposiciones de la administración Trump eran ilegales.
La inclusión de Akane, máxima autoridad judicial de la CPI, eleva el nivel del enfrentamiento entre Washington y el tribunal, al afectar directamente a quien ocupa la presidencia del organismo encargado de administrar el funcionamiento de la corte.
