A solicitud del Ministerio Público, un juez ratificó la medida de coerción de arresto domiciliario contra Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana y acusado de formar parte de una red que, según el expediente, distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para obtener contratos de seguridad privada en distintas instituciones públicas.
Fernández Espinal es procesado junto a otras trece personas físicas y jurídicas vinculadas al caso desmantelado mediante la Operación Lobo.
La decisión fue adoptada por el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, durante una audiencia en la que el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Rosa María Pichardo y Ernesto Guzmán Alberto.
En la misma audiencia, el tribunal modificó la modalidad de la garantía económica impuesta a Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), y dispuso que los RD$5 millones establecidos inicialmente en efectivo sean presentados mediante contrato.
“En este caso solicitaron variación de medida de coerción los acusados Bolívar Fernández y Quilvio Rodríguez”, explicó la fiscal Pichardo a representantes de los medios de comunicación.
“En el caso de Bolívar Fernández el juez mantuvo la medida de arresto domiciliario en su contra. En el caso de Quilvio Rodríguez lo que hizo fue una variación de la modalidad del cumplimiento, estamos hablando de una garantía económica de 5 millones de pesos, la cual tenía pago en efectivo, y el tribunal decidió que fuera por contrato”, precisó.
La representante del Ministerio Público informó además que la audiencia preliminar fue fijada para el próximo 7 de septiembre.
El Ministerio Público presentó en julio acusación y solicitó apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas señaladas como integrantes de la red.
Entre los acusados figuran Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de Edeeste.
También están acusados Andrés Pacheco Varela, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste; Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
El expediente incluye además a las empresas Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL.
Según la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, monto que habría sido exigido y recibido por encargados de seguridad institucional y otros funcionarios acusados.
La investigación fue desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
De acuerdo con el expediente, la red habría operado mediante la manipulación de contratos y la exigencia de sobornos a cambio de favorecer a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Las investigaciones establecieron que Senase, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, habría pagado sobornos a funcionarios de varias instituciones mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el propósito de mantener los contratos adjudicados a la empresa.
