El abogado Félix Portes denunció este jueves una presunta violación al debido proceso tras la entrega de un detenido con orden judicial de arresto al alcalde de San Francisco de Macorís, Antonio (Alex) Díaz Paulino, y reclamó una investigación inmediata para establecer responsabilidades.
Según un comunicado, el imputado Ángel Luis Reyes Moya fue arrestado el 29 de julio de 2026 por miembros de la Subdirección Regional Noreste de Inteligencia (DINTEL) de la Policía Nacional, en cumplimiento de la Orden Judicial de Arresto núm. 601-01-2025-EADM-00671, emitida en el marco de una investigación por tentativa de homicidio contra un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).
Portes sostuvo que, de acuerdo con el Oficio núm. 048, firmado por el coronel Pablo Urbáez Feliz, subdirector regional de Investigaciones Noreste, el detenido fue entregado a las 10:16 de la noche del 29 de julio al alcalde de San Francisco de Macorís, sin autorización del Ministerio Público y sin haber sido presentado ante el juez competente.
El jurista aseguró que el propio documento policial establece que la decisión fue consensuada entre el director regional Noreste de la Policía Nacional, general Julio César Acosta Félix, y el coronel Urbáez Feliz, alegando razones de orden público y presiones políticas derivadas de protestas registradas en la provincia.
Asimismo, indicó que el oficio señala que el alcalde contactó vía WhatsApp a la fiscal titular de Duarte, quien respondió que aún no tenía conocimiento del arresto, lo que, a juicio de Portes, evidencia que la entrega del detenido se realizó al margen del Ministerio Público.
El abogado también citó una solicitud de información emitida por el fiscalizador Pedro William Concepción, en la que, según dijo, la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorís hace constar que el detenido fue despachado sin autorización de la Fiscalía y solicita identificar quién autorizó su salida.
Portes afirmó que la actuación denunciada vulnera disposiciones de la Constitución y del Código Procesal Penal, al sostener que toda persona detenida por orden judicial debe permanecer bajo la custodia del Ministerio Público y ser presentada ante la autoridad judicial dentro del plazo constitucional.
En ese sentido, calificó el caso como un “grave retroceso” para el sistema de justicia y advirtió que permitir que una autoridad política intervenga en la disposición de un detenido constituye una afectación al Estado de derecho y al principio de legalidad.
Ante la situación, solicitó a la Procuraduría General de la República abrir una investigación penal para determinar las responsabilidades de los oficiales policiales y de la autoridad municipal involucrada. Además, pidió al director general de la Policía Nacional establecer responsabilidades disciplinarias; al director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, investigar una posible interferencia en una investigación penal; y a la ministra de Interior y Policía requerir un informe oficial sobre lo ocurrido.
Finalmente, requirió que se preserven todos los documentos, registros, comunicaciones y grabaciones relacionadas con el arresto, traslado y entrega del detenido, con el fin de garantizar el desarrollo de una investigación transparente.
