Policías nacionales y guardias civiles que lucharon contra ETA se unen para reclamar en los tribunales el reconocimiento de la profesión de riesgo que se les niega sistemáticamente. Además, subrayan: «A ETA la derrotamos nosotros, no Zapatero», en alusión a que el ex presidente socialista, actualmente en el punto de mira de la Justicia como el presunto líder de una red de tráfico de influencias para rescatar la aerolínea Plus Ultra, «se arrogue este mérito».
Esta acción es inédita en la historia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que por primera vez el colectivo de agentes pensionistas da este paso para que se les indemnice «por esta discriminación salarial y de jubilación» que han sufrido durante su servicio a España respecto a los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y los cuerpos de Policía Local.
También se movilizan en esta iniciativa los agentes que están a punto de jubilarse por estar en situación de reserva, segunda actividad o por llegar a la edad de jubilación. Entre los demandantes hay víctimas del atentado de ETA contra la casa cuartel de Zaragoza en diciembre de 1987, que segó la vida a 11 personas, entre ellas seis menores de edad, y otras 88 resultaron heridas, muchas de ellas de carácter grave. También hay víctimas del atentado contra la casa cuartel de Burgos en julio de 2009, que dejó a 160 personas heridas, entre ellas 41 niños.
Asimismo, en el colectivo hay quienes han presenciado atentados, como el ocurrido en diciembre de 1990 en Sabadell (Barcelona), donde un coche bomba explosionó al paso de un convoy de furgonetas de la Policía, matando a seis agentes e hiriendo a otros diez. En total, hasta 429 guardias civiles y policías nacionales han sido asesinados por ETA.
El Gobierno, «arrestado políticamente por Bildu»
Los mossos cobran hasta 1.100 euros más que los veteranos de la Policía y la Guardia Civil. Además, a los agentes autonómicos y locales, al habérseles reconocido la profesión de riesgo, se les aplica anualmente un coeficiente de 0,20 por cada año trabajado para acortar el tiempo de su jubilación. Y en vez de jubilarse a los 65 años, se va reduciendo el tiempo y pueden hacerlo desde los 59 años, siempre y cuando tengan 35 años de servicio efectivo. Cada 0,20 supone dos meses menos.
«Así nos paga el Estado a los agentes que hemos luchado en favor de la democracia, de toda la sociedad española y de la integridad territorial de nuestro país», declaran a OKDIARIO fuentes del colectivo, denunciando que el PSOE y sus socios «han puesto objeciones hasta 71 vecespara retrasar en el Congreso de los Diputados este reconocimiento».
Además, critican que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga «lazos estrechos con Bildu, heredero de los que realizaban y ejecutaban estas acciones» contra policías y guardias civiles, y lo tengan «arrestado políticamente».
Ya son miles los agentes jubilados o a punto de hacerlo, quienes han vivido la época más sangrienta de España y el peor terrorismo de Europa, los que han emprendido esta batalla. En las cuatro semanas que lleva abierta esta iniciativa, ya han dado el paso 9.000 agentes exigiendo el reconocimiento de la profesión de riesgo.
Lo hacen de forma individual, pero aglutinados en el Movimiento Reacciona por la Equiparación Real, que «no espera nada de los políticos» y sostiene que «la única forma de conseguir el reconocimiento de la profesión de riesgo es llevando el caso a los tribunales» y que sean ellos quienes «corrijan esta grave injusticia». Una iniciativa en la que están asistidos por el despacho Durán & Durán Abogados.
Eso sí, la normativa fiscal y económica europea sólo permite reclamar hasta cuatro años atrás, por lo que sólo pueden emprender esta vía los jubilados desde 2022.
También han iniciado esta cruzada agentes en activo del Movimiento Reacciona, que en conjunto suma 26.000 miembros, quienes no confían en que este Gobierno reconozca la profesión de riesgo a pesar de los 121.000 delitos de atentado contra policías y guardias civiles durante la etapa de Sánchez.
Se sienten humillados
Esta acción se desarrolla vía instancia ante el Ministerio del Interior, en el caso de los agentes en activo, y ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por parte de los agentes jubilados, demandando la cantidad económica que consideran que les corresponde. Los que están en activo también reclaman la aplicación de los coeficientes reductores para poder jubilarse anticipadamente.
Actualmente, miles de agentes están enviando escritos a la Dirección General de la Guardia Civil y de la Policía, dando comienzo a estas reclamaciones. El plazo que el bufete asesor ha abierto para implementar todos los escritos se extiende inicialmente hasta el 31 de julio.
Si la administración no respondiera o lo hiciera en sentido denegatorio, iniciarían de inmediato el proceso contencioso-administrativo correspondiente.
«Nos sentimos humillados porque consideramos que los policías nacionales y los guardias civiles deberíamos haber sido los primeros en conseguir este reconocimiento por defender a España con nuestra sangre y por todos los cuarteles que ha arrasado ETA a bombas, matando incluso a esposas e hijos de nuestros compañeros y a ciudadanos inocentes», declaran a OKDIARIO desde Movimiento Reacciona por la Equiparación Real.
Esta asociación fue fundada en junio de 2023 por Eliud Vega, policía nacional natural de Jaén y destinado en Málaga, con 24 años de servicio; el policía nacional malagueño José Ariza, con 21 años de trayectoria profesional; el cabo mayor de la Guardia Civil Miguel Henares, natural de Córdoba y destinado en Melilla, con más de 40 años de servicio; y el policía nacional gallego Rubén Barcala, con 22 años de trayectoria, quien ejerce en la capital malagueña.
Estos cuatro agentes dieron este paso para luchar contra estos agravios comparativos al comprobar que el compromiso adquirido por el Gobierno del PP en 2018 sobre la equiparación de sus sueldos con los mossos y que fue publicado en el BOE, quedó en papel mojado con Sánchez, quien «sólo ha satisfecho una pequeña parte alegando que no está obligado a cumplir lo pactado por otros».
«Además, destaca que nos ha subido el sueldo un 40%, cosa que es totalmente falsa. Lo ha aumentado en 480 euros brutos, pero eso lo firmó Zoido», apuntan desde la junta directiva de esta asociación.
Este movimiento denuncia que, aunque policías y guardias civiles sufren máximos históricos de agresiones y las más altas tasas de suicidio, el Ministerio del Interior «sólo beneficia a los policías de los territorios de sus socios políticos, saltándose las normas no sólo nacionales, sino también las europeas que reconocen la misma protección laboral para profesiones idénticas y que deben contar con las mismas condiciones de jubilación».
«Los agentes que lucharon contra ETA son los primeros que deberían haber tenido este reconocimiento. Sin embargo, han ido pasando los años y nadie ha movido un dedo por ellos. Por eso, son ellos mismos los que, hartos de tanta injusticia, apelarán a los tribunales», declara a OKDIARIO Eliud Vega, presidente del Movimiento Reacciona por la Equiparación Real.
Y denuncia que, aunque el Gobierno reconociera en un futuro la profesión de riesgo a través de la mesa técnica que ha creado el Ministerio del Interior, «el colectivo jubilado o próximo quedaría olvidado». De todos modos, no confía en que apruebe iniciativa alguna, debido a «la fragilidad» del Ejecutivo.
«Sólo quieren hacerlo para los agentes en activo y eso es un despropósito para nuestros jubilados, que están sufriendo este agravio comparativo sin tener que merecer esta humillación y falta de reconocimiento pese a su alto servicio», critica indignado Eliud Vega, subrayando que «nuestros policías y guardias civiles veteranos merecen este reconocimiento por el gran valor y honor que han demostrado hasta el final de sus carreras policiales».
«Si el colectivo de la Policía Nacional y la Guardia Civil merece este reconocimiento es porque recoge el testigo de todos los compañeros asesinados en acto de servicio», apunta Miguel Henares, vicepresidente de la asociación, quien precisamente formó parte del Grupo de Acción Rápida (GAR), la unidad de operaciones especiales antiterrorista de la Guardia Civil, y está próximo a la jubilación.
Además, esta asociación sostiene que la mesa técnica que ha creado Interior para el supuesto reconocimiento de la profesión de riesgo «tiene una trampa: el Gobierno sólo quiere aprobar los coeficientes reductores de tiempo, pero no equiparar las retribuciones en la situación de jubilación, puesto que hay una diferencia de 1.100 euros brutos».
«Vamos a luchar hasta el final para que se haga justicia con nuestros veteranos», sentencia la junta directiva del Movimiento Reacciona por la Equiparación Real, señalando que llegarán hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si fuera necesario.
