La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles la retirada del pasaporte ordinario y de los diplomáticos al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y que quede obligado a comparecer periódicamente ante el juzgado, tras concluir su declaración como investigado ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. La petición se ha producido en la vistilla de medidas cautelares celebrada al término del interrogatorio, en el que Zapatero ha negado cualquier vínculo con Dubái, ha rechazado tener relación alguna con el denominado contrato del 1% y ha descrito al empresario Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, como un cliente que le hacía «encargos profesionales».
Por su parte el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, que representa a todas las acusaciones populares personadas, ha trasladado la petición de prisión que reclamaban entidades como HazteOir o Iustitia Europa.
La sesión ha tenido lugar en la sala polivalente de la sexta planta de la Audiencia Nacional, en Madrid, donde el ex presidente ha comparecido desde las 9:10 horas de este miércoles. Durante toda la declaración, Zapatero ha respondido únicamente a las preguntas del juez Calama y de su abogado, Víctor Moreno Catena, negando sistemáticamente los cargos que se le imputan.
Zapatero ha afirmado ante el magistrado que no conoció a Martínez Sola hasta el año 2024, lo que contradice la tesis de la investigación, que sitúa al ex presidente como pieza clave en las gestiones para obtener el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. Ha negado haber contactado con ningún funcionario para favorecer la concesión de esa ayuda y ha rechazado haber ejercido influencia alguna en el proceso.
Sobre la empresa de sus hijas, What the Fav, ha señalado que se trata de una sociedad que «funciona» con normalidad. Ha negado asimismo haber tenido nunca una sociedad constituida fuera de España y ha descrito a la empresa Inteligencia Prospectiva únicamente como «un cliente» de sus servicios profesionales.
Afirma que Julito Martínez Martínez era su amigo de toda la vida y en 2020 empezaron una relación de negocios por la consultora Análisis Relevante. Defiende que su socio hacía trabajos de consultoría política, en elecciones de países de Latinoamérica. Su asesoramiento, dice, era sui generis, informes escritos, reuniones con clientes y demás. Todo ello como un consultor experto en internacional y centrado en Latinoamérica.
Zapatero ha reconocido que eliminaba conversaciones de WhatsApp. Han sido como 15 minutos de preguntas de su abogado y la mayor parte del interrogatorio lo ha llevado el juez. Estaba tranquilo, indican fuentes jurídicas a OKDIARIO.
Medidas cautelares
Al término del interrogatorio, y tal como estaba previsto, se ha celebrado la vistilla en la que las distintas partes han propuesto las medidas cautelares que consideran oportunas. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido dos de carácter restrictivo: la retirada del pasaporte y la obligación de firmar periódicamente ante el juzgado. Estas medidas, menos gravosas que la prisión provisional pero significativas, buscan garantizar la disponibilidad del investigado durante la instrucción de la causa.
Otras acusaciones populares han ido más lejos en sus peticiones. HazteOir e Iustitia Europa habían reclamado previamente al Partido Popular, que lidera la acusación popular unificada, que solicitara el ingreso en prisión provisional de Zapatero, alegando «riesgo de fuga» por sus «relaciones internacionales». El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, había advertido antes de la declaración que «España no puede permitirse otro Puigdemont».
El PP, sin embargo, ha optado por una posición más cautelosa y no ha secundado la petición de prisión provisional que le trasladaron otrs organizaciones personadas como acusación.
Las joyas, en suspenso
Sobre las 103 joyas incautadas el pasado 19 de mayo en el registro de su despacho de la calle Ferraz, y valoradas en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español, Zapatero ha guardado un prudente mutismo.
Ha alegado que está a la espera de documentación que recibirá en un plazo de diez días y que necesita para poder pronunciarse sobre el origen de las piezas. El juez Calama había rechazado previamente aplazar esta parte de la declaración, al considerar que no supondría «merma real en su derecho de defensa».
Tampoco ha hecho ningún comentario sobre el contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, ex directivo de Plus Ultra también investigado, cuyo volcado, obtenido mediante cooperación jurídica internacional con Estados Unidos, contiene mensajes que la UDEF ha analizado y que sitúan a Zapatero como impulsor del rescate. En esos mensajes, Martínez Sola escribió que el expresidente «es pro Sánchez» y que «el fin justifica los medios», mientras que Reyes se refirió a él como «nuestro pana Zapatero».
El caso se remonta al rescate que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a Plus Ultra en plena pandemia. El juez Calama imputa a Zapatero ser el «vértice» de una supuesta red de tráfico de influencias, con un «liderazgo no visible» que habría favorecido a la aerolínea. La causa contempla indicios de hasta siete delitos: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delito contra la Hacienda Pública.
La declaración ha finalizado tras casi tres horas. No seguirá este jueves. El juez Calama tiene que decidir si Zapatero sale de la Audiencia Nacional sin pasaporte en el horizonte inmediato y con la obligación de rendir cuentas ante el juzgado de manera periódica. Un hombre que durante años movió los hilos de la política exterior española tendrá que demostrar, en los próximos días, que nunca movió ninguno a favor de una aerolínea.
