El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, ordenó «ponerse de perfil» en la investigación a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue enchufado en la Diputación socialista de Badajoz y está siendo enjuiciado estos días en la Audiencia provincial.
Así aparece recogido en el sumario de las cloacas del PSOE, al que ha tenido acceso OKDIARIO. En concreto, a partir de la declaración de un guardia civil como testigo, los investigadores aluden a una reunión celebrada en el marco de las pesquisas sobre el caso del hermano de Sánchez el 12 de julio de 2024. En ella, participaron el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, y el citado testigo, además del jefe de la Policía Judicial.
En el curso de la citada reunión, como hecho más destacable, relatan los investigadores del Instituto Armado, Leonardo Marcos afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO era «totalmente prospectivo y malintencionado», afirmando que la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil «estaba por los suelos», señala el oficio conocido este miércoles.
Asimismo, Marcos solicitó que el siguiente viernes (19 de julio), el informe a efectuar por la unidad, «tiene que estar analizado y que no haya nada». En este sentido, por parte del testigo, expuso que esto era materialmente imposible, ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial.
Posteriormente, en fecha 16 de julio de 2024, el DAO se trasladó a las dependencias oficiales de la UCO, manteniendo una reunión éste, junto al Jefe de Policía Judicial (JPJ), el testigo, así como investigadores del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad (DIECAN) vinculados a la causa seguida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.
En esta reunión, según recoge la Benemérita, por parte del DAO se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en los mismos, bajo la indicación de «que nos pusiéramos de perfil», debiendo ser, en este caso concreto, la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa.
«Estructura del partido»
De otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla también en el oficio remitido al juez Santiago Pedraz que la trama del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la ex fontanera Leire Díaz tenía como fin «proteger los intereses del presidente del Gobierno», esto es, de Pedro Sánchez.
«El análisis efectuado hasta la fecha ha permitido determinar la existencia de un grupo de personas que, durante un periodo de tiempo determinado, comprendido al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectados al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente», expone el Instituto Armado en su informe.
Los investigadores sitúan a Cerdán, ex diputado por Navarra, y Leire Díez, ex directiva de Correos y ex concejal socialista, como «los dirigentes» de esta estructura, «el primero en un nivel superior y la segunda en un nivel ejecutivo», a los que se fueron sumando otras personas en función de las necesidades del grupo.
«Todos ellos, actuando de forma conjunta, desarrollaron esta actividad de forma coordinada, manteniendo unidad de acción y dirección, personificada en este caso bajo la figura de Santos Cerdán», destacan los agentes.
La UCO recalca, además, que un elemento «especialmente significativo y, al mismo tiempo, demostrativo de esta unidad de acción y, también, del rol superior ostentado por Santos Cerdán, se evidencia de la forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada».
Unos pagos que apuntan directamente a Ferraz. Para los investigadores, Cerdán, en calidad de secretario de Organización del PSOE, «habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos…) de algunos de sus miembros».
