La Audiencia Nacional ha decidido incorporar a sus causas sobre presuntos amaños de obra pública y los pagos en efectivo en la sede socialista de Ferraz las declaraciones que el empresario Víctor de Aldama y el ex asesor ministerial Koldo García han prestado esta semana en el juicio del denominado caso Koldo, celebrado en el Tribunal Supremo.
El juez instructor Ismael Moreno ha accedido así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que esos testimonios pueden «aportar datos que hasta ahora no eran conocidos» y de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados, en particular en lo relativo a la presunta financiación irregular del PSOE.
La solicitud ha partido del fiscal anticorrupción Luis Pastor Motta, coordinador de la constelación de procedimientos conocidos como la trama Ábalos-Koldo-Cerdán. Pastor ha valorado que las manifestaciones de ambos acusados guardan relación directa con dos piezas abiertas en la Audiencia Nacional: la que investiga los presuntos amaños de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y la que indaga en «posibles pagos en metálico de determinadas cantidades» por parte del PSOE.
El juez Moreno ha formalizado ya la reclamación al Alto Tribunal para que le remita una copia de ambos testimonios, según la providencia de este viernes 8 de mayo.
Casos en la Audiencia Nacional
La pieza separada sobre las finanzas del PSOE fue abierta bajo secreto por Moreno el pasado noviembre, después de que el Tribunal Supremo le instara a ello tras constatar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la existencia de pagos de Ferraz a José Luis Ábalos y Koldo García «sin respaldo documental». Es, en ese marco, donde las nuevas declaraciones resultan más gravosas para los intereses del partido.
Durante el juicio, Aldama describió una presunta operativa corrupta en la que, según sostuvo, actuaba como intermediario entre empresas constructoras y responsables del Ministerio de Transportes. El empresario aseguró haber recaudado comisiones de compañías adjudicatarias y haber entregado posteriormente ese dinero en efectivo tanto a Ábalos como a Koldo García.
Aldama fue aún más explícito al señalar dos destinatarios de esos supuestos pagos: el PSOE y la Internacional Socialista. Según relató ante el tribunal, fue el propio Koldo García quien le pidió que actuara como nexo con las constructoras alegando que hacía falta dinero para la «financiación del partido».
«Tenemos que ver cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación y tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido», declaró el comisionista en la vista oral, citando textualmente las palabras que atribuye al ex asesor.
El empresario describió una mecánica que él mismo calificó como una «ruleta» de entregas en efectivo realizadas en dependencias del ministerio e incluso en el domicilio particular del ex ministro en El Viso, en Madrid.
Cifró en 1,8 millones de euros el total entregado en ese periodo, una cantidad que consideró «fácil» de cotejar con el aumento de las donaciones registradas en las cuentas del partido durante ese tiempo. Citó expresamente a las empresas como Levantina o Latania como compañías implicadas en esa supuesta dinámica, aunque no aportó pruebas documentales directas.
Las declaraciones de Aldama también se adentraron en un terreno especialmente espinoso: los cupos de petróleo venezolano. Según el comisionista, cuando Juan Guaidó era presidente interino de Venezuela «se habla de que el Gobierno de España le apoyara como presidente interino y que él iba a dar una serie de cupos a España para la financiación del partido», una mecánica que, afirmó, continuó después con PDVSA y Delcy Rodríguez.
Las ‘chistorras’
No menos relevante ha resultado para Anticorrupción la declaración de Koldo García. El ex asesor trató de desvincular el dinero en efectivo que manejaba de cualquier cobro irregular, alegando que procedía de reembolsos de gastos del PSOE.
Sin embargo, ante el Supremo reconoció que denominaba «chistorra» a los billetes de 500 euros que, según afirmó, le entregaba el partido —una expresión que ya figuraba en los informes de la UCO y que él había negado hasta entonces que tuviera que ver con esa denominación—. Su versión chocó frontalmente con la del ex gerente del PSOE Mariano Moreno Pavón, que fue tajante al señalar que desde la formación «nunca» se abonaron gastos con billetes de 500, 200 o 100 euros.
Esta contradicción entre testigos —un choque entre la versión oficial del partido y la de su propio ex asesor— es precisamente lo que la Fiscalía considera de interés capital para la causa que se instruye en la Audiencia Nacional.
El papel del fiscal Pastor ha sido determinante a lo largo de toda la investigación. Fue uno de los responsables de la causa sobre la trama de hidrocarburos que llevó a Aldama a prisión preventiva y quien, en noviembre de 2024, respaldó su puesta en libertad después de que el empresario se comprometiera a colaborar con la Justicia en distintos procedimientos. Esa colaboración ha dado lugar a un goteo de revelaciones que, declaración tras declaración, sigue ensanchando el perímetro de una investigación sin fondo visible.
