Haina, San Cristóbal. — Propietarios de colmados, bancas de loterías y pequeños comerciantes de este municipio denunciaron ser víctimas de amenazas, persecución e intimidación presuntamente por parte de un grupo vinculado al dirigente de la Asociación de Bancas de Haina, Alexandro Pirón.
Los denunciantes aseguran que las acciones incluyen la presencia de individuos que acuden a los establecimientos de forma violenta, causando daños a mercancías y mobiliario, además de colocar mensajes intimidatorios en los negocios, con el objetivo de forzar su afiliación a la supuesta Asociación de Banqueros de Haina (Asobanca), dirigida por Pirón.
Según los comerciantes, estos hechos han generado un clima de tensión en la comunidad y responden a intereses de control del sector de bancas de loterías en la zona.
El presidente de la Asociación de Banqueros y Colmaderos Independientes de Haina, Jesús Cuevas Pérez, informó que fue interpuesta una querella ante la Procuraduría General de la República, solicitando una investigación formal para evitar una escalada de violencia.
En la denuncia se identifican como presuntos participantes a varios individuos, entre ellos Wilinton Peña, José Román, Wilson Jiménez, Andrés Taveras y Yeudi Bisonó, a quienes señalan de realizar actos de presión e intimidación en distintos comercios del municipio.
Los afectados alegan además que detrás de estos hechos podrían existir intereses políticos vinculados al control del sector de bancas de loterías en Haina, aunque dichas acusaciones no han sido corroboradas por las autoridades.
El caso también fue abordado por el activista de derechos humanos David Jhonatan Báez, quien exhortó al Ministerio Público a investigar las denuncias y a promover mecanismos de diálogo para evitar un aumento de la conflictividad.
“Las diferencias deben resolverse a través de la mediación y el diálogo, no mediante la violencia”, expresó el defensor de derechos humanos.
Los comerciantes reiteraron que no están obligados a pertenecer a la citada asociación y advirtieron que continuarán exigiendo la intervención de las autoridades competentes para garantizar su seguridad y la de sus familias.
Finalmente, responsabilizaron a los señalados de cualquier situación que pudiera afectar su integridad física o la de sus allegados, mientras esperan la actuación del Ministerio Público.
