Según explicó, las pruebas presentadas por el Ministerio Público únicamente establecen que las propiedades están registradas a nombre de su defendido, pero no evidencian que pertenezcan a terceros
Durante el juicio de fondo del caso denominado por el Ministerio Público como Operación Coral, la abogada Wendy Lora, representante de Raymel Pastor del Rosario Viola, afirmó ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que su defendido no ha cometido ningún delito y que la acusación carece de pruebas que sustenten los cargos en su contra.
En su intervención en el tribunal, Lora sostuvo que su representado no aceptó llegar a acuerdos con el Ministerio Público porque, según dijo, “no ha cometido ningún delito”.
Afirmó que Del Rosario Viola —quien es sobrino del también imputado Julio Camilo de los Santos Viola— ha permanecido varios años enfrentando el proceso precisamente por negarse a admitir hechos que, a su juicio, no cometió.
La jurista también cuestionó la acusación del órgano persecutor al señalar que la vinculación presentada contra su cliente se basa únicamente en relaciones familiares y en la adquisición de algunos inmuebles, sin que se haya demostrado que estos bienes provengan de actividades ilícitas.
Según explicó, las pruebas presentadas por el Ministerio Público —entre ellas certificaciones de títulos e historiales de inmuebles— únicamente establecen que las propiedades están registradas a nombre de su defendido, pero no evidencian que pertenezcan a terceros ni que hayan sido adquiridas con dinero proveniente de actos de corrupción.
Lora sostuvo además que en los informes financieros no aparecen transferencias bancarias que vinculen a su cliente con otros imputados del proceso ni con supuestas operaciones irregulares.
En ese sentido, la defensa argumentó que durante el juicio no se ha podido establecer cuándo, cómo ni en qué circunstancias Del Rosario Viola habría recibido dinero ilícito para adquirir los bienes cuestionados.
Asimismo, hizo referencia a testimonios de peritos y testigos presentados en el proceso, indicando que algunos de ellos reconocieron no haber tenido acceso a contratos ni a datos completos sobre las transacciones inmobiliarias analizadas.
La abogada concluyó que las evidencias expuestas por el Ministerio Público no satisfacen los elementos legales necesarios para configurar los delitos imputados, por lo que solicitó al tribunal valorar las pruebas con base en la lógica y la sana crítica al momento de emitir su decisión.
El proceso judicial involucra a 48 imputados, de los cuales 30 son personas físicas y 18 jurídicas, acusados de presuntamente defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos. Según el Ministerio Público, el supuesto entramado de corrupción operaba en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
