Montecristi, R.D.: El senador por la provincia Montecristi, Bernardo Alemán, miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), exigió la destitución inmediata del director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, tras denunciar que empleados de la institución estarían siendo presionados y amenazados con la cancelación si no manifiestan apoyo al proyecto presidencial de David Collado. La acusación, difundida como nota de prensa local, plantea un serio dilema ético y jurídico en plena competencia interna del oficialismo y puede derivar en sanciones y costos políticos significativos para el PRM.
El senador Alemán denunció que las supuestas prácticas son abusivas, antidemocráticas y contrarias a los principios del partido oficialista, y pidió al liderazgo del PRM y al Poder Ejecutivo que actúen con firmeza. “Ningún funcionario tiene derecho a usar los recursos del Estado ni a coaccionar a los empleados públicos para fines personales o políticos”, declaró el legislador. El señalamiento apunta directamente al uso indebido de posiciones públicas con fines proselitistas, lo que vulnera los fundamentos legales de neutralidad institucional y pone en evidencia tensiones internas en el partido de gobierno.
La réplica local del PRM no despeja las dudas
Desde Montecristi, el dirigente local del PRM Juan Pablo Ramos negó categóricamente que exista presión alguna sobre los empleados del FEDA. Sin embargo, su respuesta, divulgada en medios regionales, no incluyó pruebas documentales ni declaraciones de trabajadores que desmientan las acusaciones. Por ahora, la desmentida se interpreta como una defensa política sin fundamento verificable, lo que deja abierta la necesidad de una investigación formal.
La Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece sanciones severas para quienes utilicen recursos, bienes o personal del Estado con fines electorales. Además, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral pueden imponer multas y penas de prisión en casos de proselitismo con fondos públicos. Si se comprobara que hubo coacción o presión institucional desde una entidad del Estado, no solo habría responsabilidad individual del funcionario, sino también un impacto político directo sobre la imagen y credibilidad del PRM, que gobierna con la promesa de transparencia y cambio ético.
No es la primera vez que el nombre de Hecmilio Galván y el FEDA aparecen en el centro de controversias. En septiembre de 2023, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) anunció una investigación de oficio por denuncias de irregularidades en la institución, incluyendo sobreprecios, compras sin licitación y conflictos de interés. Aunque ese proceso fue independiente de la actual denuncia en Montecristi, alimenta la percepción de desconfianza y eleva el nivel de escrutinio público sobre la gestión del FEDA.
Para el PRM, este caso implica varios riesgos acumulativos. Primero, el riesgo legal e institucional; si la denuncia se formaliza y la Junta Central Electoral la toma en cuenta, podría derivar en sanciones que se traduzcan en un costo político nacional y una narrativa de abuso de poder dentro del propio partido gobernante. Segundo, el riesgo reputacional; un partido que aparenta tolerar prácticas de clientelismo o coerción laboral pierde capital moral, y ese deterioro trasciende Montecristi, afectando su imagen a nivel nacional en plena coyuntura electoral. Tercero, el riesgo de fractura interna, porque el hecho de que la denuncia provenga de un senador del mismo partido evidencia una grieta política que puede profundizarse si las autoridades partidarias optan por minimizar o ignorar el reclamo. Finalmente, el riesgo de arrastre sobre la figura de David Collado; porque cuando no exista evidencia de su participación directa, la sola vinculación de su nombre en una denuncia de esta naturaleza podría contaminar su proyecto político y dañar su percepción pública como figura renovadora dentro del PRM.
Frente a esta situación, el PRM y el Gobierno deberían responder con medidas inmediatas. Una auditoría interna al FEDA y la emisión de protocolos formales que prohíban expresamente cualquier actividad política dentro de horarios laborales o instalaciones públicas serían pasos básicos para contener el daño. También es indispensable que se garanticen los derechos de los empleados públicos mediante una circular que reafirme la prohibición de coacción política y el uso de la nómina estatal como instrumento de presión. Si el partido oficialista quiere preservar su legitimidad, debe dar ejemplo separando de manera temporal al funcionario o promoviendo una investigación independiente que restaure la confianza en la gestión institucional.
Montecristi no es una provincia menor en términos políticos ni económicos. Es un punto estratégico del desarrollo agroproductivo nacional y un termómetro de cómo las políticas rurales impactan en la base electoral del PRM. Si en ese territorio se instala la percepción de que los recursos públicos se utilizan para fines políticos, el daño trasciende la frontera provincial y golpea directamente el discurso de institucionalidad y transparencia que el Gobierno ha tratado de construir.
La denuncia del senador Bernardo Alemán, aún en fase inicial, expone una grieta interna dentro del partido oficialista y plantea un reto político de gran alcance. De la forma en que el PRM y las autoridades gubernamentales manejen este caso dependerá no solo su credibilidad institucional, sino también su estabilidad interna en un año electoral que ya se perfila como decisivo.
