Podrán investigados aquellos servidores públicos a quienes se les realice una auditoría visual, es decir, si sus transacciones bancarias, consumos y estilo de vida no corresponden con los ingresos generados por los servicios brindados al Estado, esto con las mejoras que trae la nueva Ley de Compras Públicas, la cual entrará en vigencia en enero del próximo año.
Las empresas que sean investigadas por corrupción serán inhabilitadas y no podrán participar en licitaciones ni hacer contratos con el Estado dominicano y sus representantes serán inhabilitados para realizar una función pública por cinco años.
Así lo explicó la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien señaló que existen diferentes tipificaciones de corrupción que serán sancionadas con la entrada en vigencia tanto de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas como de la actualización del Código Penal.
La magistrada enfatizó que la honestidad es un requisito para que la ciudadanía pueda realizar auditoría social.
“La honestidad, transparencia y eficiencia no son valores agregados de un servidor público, son intrínsecos a la labor de un funcionario”, resaltó. La magistrada informó que la Dirección de Ética y Transparencia lleva a cabo una campaña para que la ciudadanía pueda realizar denuncias anónimas o no de corrupción, la cual apoyan en su totalidad.
Indicó que las denuncias llegarán de manera virtual hasta la Procuraduría General de la República, específicamente a su Procuraduría Especializada para Investigación de la Corrupción Administrativa, y la misma iniciará una investigación.
