29 de junio de 2025

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Solicitan exhumación del cuerpo de Ruth Seija Jerez para apelar medida de coerción en caso Jet Set

La Oficina del abogado Ángel Lockward anunció que será exhumado el cuerpo de Ruth Elisa Seija Jerez, la joven gerente bancaria que falleció tras el colapso del techo del centro de entretenimiento Jet Set el pasado 8 de abril.

Inicialmente su deceso fue atribuido a causas naturales por el centro médico que la atendió, sin embargo, sus familiares buscan esclarecer las verdaderas circunstancias de su muerte como parte de un proceso legal en curso.

La exhumación tendrá lugar en el cementerio Jardín Memorial, ubicado en la avenida Jacobo Majluta y forma parte de la estrategia jurídica para respaldar la apelación que presentarán en contra de la medida de coerción impuesta a Antonio y Maribel Espaillat, principales implicados en el caso.

Según Lockward, los parientes de Seija Jerez rechazaron el fallo que otorgó libertad bajo fianza de 50 millones de pesos a los dos acusados centrales del colapso del establecimiento.

Además, confirmaron que interpondrán una demanda contra el Estado dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, a quienes consideran corresponsables del trágico hecho.

El abogado cuestionó la decisión de la jueza Fátima Veloz, señalando que la medida de coerción impuesta “equipara un evento con 235 víctimas mortales y 180 heridos a un accidente de tránsito”, según expresó, el tribunal debió considerar alternativas como prisión preventiva o arresto domiciliario.

Lockward también criticó que la jueza solo haya impuesto una oposición temporal al traspaso de bienes del imputado Antonio Espaillat por un período de 60 días —ya vencido— y que además rechazara la oposición solicitada a los bienes de la empresa dueña del establecimiento colapsado, lo que ha permitido movimientos financieros, incluyendo la emisión de cheques por más de 25 millones de pesos.

En relación con los acuerdos presentados ante el tribunal, la defensa consideró insuficiente que solo cinco de los 57 acuerdos correspondan a víctimas fallecidas —de las cuales tres eran empleados— mientras que el resto son pagos por prestaciones laborales o compensaciones menores gestionadas por abogados particulares.