Más de 26.000 policías nacionales y guardias civiles de toda España emprenderán este lunes una batalla judicial contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que les reconozca la profesión de riesgo y, con ello, se adelante su jubilación, como sí se ha hecho con los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y los Cuerpos de policías locales.
Además, exigen a Marlaska que les iguale la pensión respecto a ellos, en concreto a la de los mossos, que cobran hasta 1.100 euros más que los veteranos de la Policía y la Guardia Civil. Esta diferencia salarial se debe a que policías autonómicos y locales, aprovechando el reconocimiento laboral del riesgo, consiguieron aumentar sus pensiones hasta alcanzar la máxima, sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
Así, este lunes, este colectivo de policías y guardias civiles integrados en el Movimiento Reacciona por la Equiparación Real da un paso histórico presentando miles de reclamaciones administrativas previas ante el Ministerio del Interior y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones «para luchar contra las injusticias» que sufren ante la peligrosidad de su trabajo, con hasta 121.000 delitos de atentado contra policías y guardias civiles durante la etapa de este Ejecutivo.
Este movimiento denuncia que, aunque policías y guardias civiles sufren máximos históricos de agresiones, el Ministerio del Interior «sólo beneficia a los policías de los territorios de sus socios políticos, saltándose las normas no sólo nacionales, sino también las europeas que reconocen la misma protección laboral para profesiones idénticas y que deben contar con las mismas condiciones de jubilación».
Aunque Interior anunció el pasado miércoles que atenderá la reivindicación histórica de la profesión de riesgo con la creación de una mesa técnica, pincha en hueso con los miembros del Movimiento Reacciona por la Equiparación Real, ya que «no confían en este Gobierno» y consideran que dicho anuncio es una «proclama electoral vacía de voluntad política» hacia quienes luchan cada día en defensa de la seguridad, la libertad y el Estado de Derecho, con neutralidad política.
Proclamas para desviar la atención
Estos 26.000 agentes no se fían del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que ha tenido ocho años para poner fin a la desigualdad de la equiparación salarial, pero «curiosamente» se abre ahora a negociar estando en sus horas más bajas, acorralado por la corrupción y en plena campaña electoral en Andalucía. Este colectivo lamenta que durante estos ocho años de mandato se han jubilado más de 20.000 compañeros, veteranos que lo han dado todo por su país, a los que el Ejecutivo ha dado la espalda, y también «deja atrás en el citado anuncio del pasado miércoles».
Así las cosas, critican que en el Día del Trabajador, Sánchez se llenara la boca hablando de «igualdad salarial» cuando en sus políticas «sólo atiende las demandas de sus socios de Gobierno».
Según explica este colectivo, «la discriminación comenzó en 2012, cuando el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero reconoció la profesión de riesgo a la Ertzaintza. Y aumentó en 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez elevó la pensión máxima a los policías autonómicos y policías locales».
Tres años de batalla
El Movimiento Reacciona por la Equiparación Real se creó en junio de 2023 para luchar contra estos agravios comparativos al comprobar que el compromiso adquirido por el Gobierno del PP en 2018 sobre la equiparación de sus sueldos con los mossos y que fue publicado en el BOE, quedó en papel mojado con Sánchez, que «sólo ha cumplido una pequeña parte del mismo alegando que no está obligado a cumplir lo pactado por otros». Así, despachó el caso dándoles una subida de algo más de 100 euros brutos mensuales, pero les ha venido negando la profesión de riesgo.
Ante semejante despropósito, el jienense Eliud Vega, policía nacional con 24 años de servicio a España; el policía nacional malagueño José Ariza, con 21 años de trayectoria profesional; el cabo mayor de la Guardia Civil Miguel Henares, natural de Córdoba y destinado en Melilla y con más de 40 años de servicio; y el policía nacional gallego Rubén Barcala, con 22 años de trayectoria, dieron un paso al frente formando el Movimiento Reacciona por la Equiparación Real.
Pusieron pie en pared para derribar de una vez esos muros levantados y las «injusticias sufridas durante más de tres décadas al negarles la equiparación salarial, así como el rechazo a reconocerles la profesión de riesgo». Una importante batalla que el colectivo ha emprendido, asistido por el despacho Durán y Durán Abogados.
El primer paso dado fue el pasado verano con una demanda ante la Audiencia Nacional contra la discriminación salarial mensual respecto a los mossos de Esquadra, a quienes el 83% de su sueldo se lo paga el Estado. Reclaman los 600 euros brutos que hay de diferencia con las policías autonómicas y locales. Esta demanda se inició en septiembre de 2024, vía recursos contra el Ministerio del Interior y una vez agotado el periodo con silencio administrativo, lo llevaron ante los tribunales en julio, como informó también en exclusiva OKDIARIO.
A esta demanda le siguió en septiembre el recurso administrativo para ser reconocidos como profesión de riesgo y no sólo en términos de coeficientes reductores de tiempo, sino exigiendo también las cuantías que hay de diferencias en la jubilación. Acompañaron sus instancias con un informe pericial que describe de forma pormenorizada la discriminación salarial, y ahora el colectivo emprende la cruzada en vía judicial, desde este lunes, también asistidos por Durán y Durán Abogados. El Ministerio ni se ha dignado a contestar en estos seis meses a sus demandas.
Otra demanda es por las pagas extra
Además, también desde este lunes, esta asociación presentará de forma organizada, pero individual, otra gran demanda para reclamar las pagas extras dobles que reciben los otros cuerpos dos veces al año y que no se pierdan los derechos retroactivos de las mismas. Inician este camino con una reclamación previa en vía administrativa y posteriormente emprenderán la lucha en la vía judicial ante la Audiencia Nacional. En concreto, sufren una diferencia de 1.000 euros brutos, según informan a este diario desde la junta directiva de este movimiento.
La Policía Nacional y la Guardia Civil no perciben las pagas dobles porque no se les incluyen todos los complementos fijos, algo que ya ha ordenado el Tribunal Supremo que se haga en su sentencia 2966/2025, entre otras, pero el Ejecutivo sigue retrasando la regulación de este derecho reconocido judicialmente. No sólo eso, sino que las pagas les fueron recortadas en 2010 por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, rebajándoles el sueldo base y los trienios hasta en un 15% por unas medidas urgentes económicas, y hasta la fecha no han sido corregidas. Ya han pasado dieciséis años y no se ha recuperado ese derecho que está establecido en una norma superior.
«Presentamos estas grandes demandas porque están en juego nuestros mayores derechos como empleados públicos», declara a OKDIARIO el presidente de este colectivo, Eliud Vega, policía nacional de Málaga, subrayando que no dejarán a sus compañeros veteranos atrás.
Marlaska deja fuera a los veteranos
Los coeficientes reductores se han de aplicar a profesiones que tienen una especial peligrosidad, penosidad, accidentalidad y morbilidad, como es el caso de policías nacionales y guardias civiles, entre ellos la agrupación de Tráfico de la Benemérita, que tiene la tasa más alta de mortalidad en España.
A los agentes autonómicos y locales, al habérseles reconocido la profesión de riesgo, se les aplica anualmente un coeficiente de 0,20 por cada año trabajado para acortar el tiempo de su jubilación. En vez de jubilarse a los 65 años, se va acortando el tiempo y pueden hacerlo desde los 59 años, siempre y cuando tengan 35 años de servicio efectivo. Cada 0,20 supone dos meses menos.
El movimiento por la equiparación salarial destaca que, en el hipotético caso de que Marlaska, finalmente, reconociera la profesión de riesgo, sólo se aplicaría a los agentes que están en activo, mientras que los policías y guardias civiles jubilados no podrían acogerse a los beneficios económicos reconocidos en las pensiones de sus compañeros. «Sin embargo, con estas demandas los agentes recientemente jubilados y los futuros podrán luchar para obtener la pensión máxima, eliminando la brecha salarial de 1.100 euros», detalla a OKDIARIO el presidente de este colectivo.
La normativa fiscal y económica europea sólo permite reclamar hasta cuatro años atrás, por lo que sólo podrán acogerse a esta iniciativa los jubilados desde 2022. «De no dar este paso, en caso de que Marlaska aprobara un Real Decreto, perderían el derecho a cualquier tipo de indemnización», sostiene Eliud Vega.
