Nueva York: Una reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha generado una oleada de temor y desconcierto en comunidades vulnerables, especialmente entre inmigrantes y defensores de derechos civiles. El fallo limita la capacidad de los tribunales federales para emitir mandatos judiciales de alcance nacional, debilitando una herramienta clave que durante décadas permitió frenar políticas discriminatorias desde el Poder Ejecutivo.
La medida, adoptada con mayoría conservadora, impide que jueces de distrito bloqueen con efecto nacional órdenes federales controvertidas, como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados.
Esta decisión no determina aún la constitucionalidad de esa política, pero sí establece que los tribunales menores ya no pueden proteger a todos los potenciales afectados, sino solo a quienes figuran como demandantes en un caso concreto. Esto implica que las garantías legales pueden variar de un estado a otro, dependiendo de la jurisdicción en que se litigue. En otras palabras, se crean ciudadanos con derechos desiguales, dependiendo del lugar donde vivan o tengan acceso a representación legal.
La consecuencia directa es una sensación de vulnerabilidad creciente. Una madre indocumentada en Texas puede dar a luz sin garantías de que su hijo obtenga ciudadanía, mientras otra en California podría estar protegida por decisiones previas en esa región. La ciudadanía, que antes se consideraba un derecho constitucional claro, se convierte ahora en una moneda de cambio legal sujeta a interpretaciones y batallas judiciales locales.
El temor no se limita a los inmigrantes. Organizaciones defensoras de derechos civiles advierten que esta doctrina podría aplicarse en casos relacionados con el acceso a libros en bibliotecas públicas, la regulación del contenido en redes sociales, los derechos reproductivos y más. La posibilidad de establecer precedentes nacionales queda restringida, lo que implica un retroceso para causas que tradicionalmente se han defendido en cortes federales con amplio alcance.
Las voces disidentes en el Tribunal, como las de las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, han alertado que esta limitación socava la igualdad ante la ley. En sus palabras, la Corte ha reducido la capacidad del sistema judicial para frenar abusos de poder desde la Casa Blanca, dejando a los ciudadanos a merced de los vaivenes políticos y geográficos.
La incertidumbre se ha extendido rápidamente. Ya se han presentado demandas colectivas en varios estados para tratar de asegurar protecciones más amplias, pero los expertos legales advierten que el proceso será largo, costoso y fragmentado. Además, existe temor a que futuras decisiones judiciales refuercen aún más el poder presidencial, debilitando los contrapesos democráticos.
En este nuevo escenario, millones de personas en Estados Unidos viven con el temor de que sus derechos no sean reconocidos, no por sus actos o condiciones legales, sino por el lugar en el que se encuentren o la jurisdicción donde un juez decida interpretar la Constitución. La ciudadanía, lejos de ser un derecho garantizado, se convierte en un privilegio incierto. Para muchos, esta es la nueva realidad: vivir en un país donde podrías ser ciudadano… de ningún lado.
