Cerca de las 7:00 de la noche de este miércoles llegaron a la cárcel los siete imputados a los que se les dictó prisión preventiva como medida de coerción, tras ser acusado por el Ministerio Público de corrupción administrativa a través de la Operación Antipulpo.
Los presos preventivos que arribaron al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-XVII), de San Cristóbal, fueron Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina; también Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper). Estos imputados debían guardar la prisión preventiva en el CCR San Cristóbal, pero fueron cambiados.
Otros preventivos que llegaron a ese centro fueron Julián Esteban Suriel Suazo, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, José Dolores Santana, Wacal Vernavel Méndez Pineda, cuyo destino original dispuesto por el juez José Alejandro Vargas era la cárcel Modelo de San Pedro de Macorís, pero se cambió la prisión por razones de espacio, de acuerdo con una nota de la Procuraduría General de la República.
Partieron a las 5:40 de la tarde del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional. Ayer martes el juez José Alejandro Vargas, coordinador de los Juzgados de Atención Permanente, les dictó prisión preventiva y a los otros cuatro imputados prisión domiciliaria y presentación periódica.
Fueron trasladados en un minubús color blanco escoltados por fuertes medidas de seguridad encabezadas por la Unidad de Alto Riesgo de la Procuraduría General de la República. Todos tenían puestos cascos en sus cabezas, chalecos antibalas y estaban esposados. Ninguno quiso contestar preguntas de la prensa.
Cambios de cárceles
Sobre el cambio de las prisiones en que los imputados cumplirán su medida de coerción, la Procuraduría General de la República dijo que fue comunicada al magistrado Vargas y al Pepca y que se trató de un asunto de falta de espacio.
La magistrada Hilda Patricia Lagombra, coordinadora nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria, notificó la decisión, mediante dos oficios, al juez José Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, y al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), indicó la nota de la institución.
