Estados Unidos sostiene que Nicolás Maduro encabezó y protegió durante años una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, el lavado de activos y la cooperación con organizaciones catalogadas como terroristas, según la acusación formal presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
De acuerdo con el documento judicial, Maduro habría sido una pieza central del llamado “Cártel de los Soles”, una red integrada por altos mandos militares, funcionarios civiles y organismos de inteligencia venezolanos, que operaba como un sistema de protección estatal para el tráfico de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica.
La acusación afirma que desde finales de los años noventa Venezuela se convirtió en un territorio seguro para los narcotraficantes, debido a su posición geográfica estratégica y a la colaboración de funcionarios corruptos. Desde puertos del Caribe venezolano y pistas clandestinas, se habrían movilizado entre 200 y 250 toneladas de cocaína anuales, según estimaciones del Departamento de Estado.
Los fiscales sostienen que Maduro y su entorno facilitaron rutas aéreas y marítimas, utilizando lanchas rápidas, barcos pesqueros, contenedores comerciales y vuelos desde aeropuertos bajo control militar.
Uso del poder diplomático para proteger el crimen
Entre los hechos citados, Estados Unidos señala que entre 2006 y 2008, cuando Maduro era canciller, habría vendido pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes, permitiéndoles mover dinero ilícito bajo cobertura oficial. Según la acusación, aviones privados eran declarados como misiones diplomáticas para evitar inspecciones, cargando efectivo proveniente del narcotráfico desde México hacia Venezuela.
El expediente judicial también involucra a Cilia Flores, esposa de Maduro, a quien se acusa de participar en reuniones donde se aceptaron sobornos para garantizar vuelos seguros de cocaína y facilitar contactos con altos funcionarios antidrogas. Parte de esos pagos, según la acusación, habrían financiado operaciones políticas y estructuras de poder del chavismo.
Tráfico de cocaína incautada y violencia interna
Uno de los señalamientos más graves indica que Maduro y Flores habrían traficado incluso cocaína previamente incautada por las autoridades venezolanas, usando escoltas militares armadas y colectivos, grupos parapoliciales patrocinados por el Estado. Estados Unidos afirma que estas estructuras ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra personas que interferían con el negocio.
La acusación detalla operaciones de gran escala, como el envío de más de 5,5 toneladas de cocaína en un avión DC-9 desde Venezuela a México, cargado en el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía con participación de oficiales de la Guardia Nacional. Tras la incautación del cargamento, se habrían pagado sobornos millonarios para evitar arrestos y encubrir a los responsables.
Vínculos con las FARC, ELN y cárteles mexicanos
Según Estados Unidos, Maduro y altos funcionarios venezolanos facilitaron el crecimiento de grupos narcoterroristas, entre ellos las FARC y el ELN, permitiéndoles operar campamentos armados en territorio venezolano y garantizando protección logística. La acusación incluye contactos directos con el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, que controlaban rutas hacia Estados Unidos.
En 2013, tras la incautación de 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo comercial con destino a París, Maduro habría ordenado cambiar rutas de tráfico y sacrificar a militares de bajo rango para desviar la atención pública.
El documento también menciona a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, “Nicolasito”, a quien se atribuye participación directa en envíos de cocaína, uso de aviones de PDVSA, coordinación de cargamentos hacia Miami y Nueva York, y reuniones con representantes de las FARC para planificar tráfico de drogas y armas hasta 2026.
Una acusación de alcance continental
Para la Fiscalía estadounidense, los hechos atribuidos a Maduro no solo afectaron a Venezuela, sino que alimentaron redes de corrupción y violencia a lo largo de toda la ruta del narcotráfico, desde Colombia hasta Centroamérica y Estados Unidos, consolidando un sistema criminal con respaldo estatal.
El caso, según el expediente, presenta a Nicolás Maduro no como un actor aislado, sino como el vértice de una estructura criminal sostenida desde el poder político y militar.
