Varios casos emblemáticos de corrupción administrativa podrían extinguirse en los tribunales, debido al tiempo que llevan en proceso. El principio jurídico de la “extinción de la acción penal” podría aplicarse, ya que el nuevo Código Penal establece un plazo máximo de cuatro años para la finalización de los procesos, sea con condena o absolución.
Los denominados casos Medusa, Coral (Coral 5G) y Calamar, entre otros, tienen fechas que oscilan entre 2021 y 2023, y todavía continúan en etapa de debates y réplicas. El caso Calamar, iniciado en 2023, se encuentra en fase preliminar y, aunque cumple tres años en los próximos días, todo indica que podría superar el límite de los cuatro años establecidos por la normativa procesal.
Abogados consultados sobre el particular sostienen que, por el tiempo transcurrido, la defensa de los imputados puede utilizar ese recurso. Sin embargo, advierten que serán los jueces quienes valorarán si la duración de los juicios ha sido provocada por las partes o responde a la propia naturaleza y complejidad de los procesos.
PRINCIPALES CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
De acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal, las principales causas de extinción de la acción penal son:
1-Vencimiento del plazo máximo: superar los tiempos legales establecidos para la duración del proceso.
2-Muerte del imputado: por ser la responsabilidad penal personalísima.
3-Prescripción: transcurso del tiempo establecido por la ley sin que se persiga el delito.
4-Amnistía o indulto: medidas de gracia o decisiones políticas que eliminan los efectos de la infracción.
5-Abandono de la querella: en casos de acción privada o de instancia privada.
6-Perdón del ofendido: en hechos punibles a instancia de parte (artículo 106).
7- Aplicación de criterios de oportunidad, mediación o conciliación: acuerdos permitidos por la ley.
Los abogados entienden que la posible aplicación de la extinción de la acción penal en estos procesos abriría un debate jurídico sobre la duración razonable de los juicios y el equilibrio entre garantías procesales y lucha contra la corrupción.