Entre 2020 y 2024, el Gobierno firmó más de 25 préstamos con objetivos relacionados al cambio climático y la sostenibilidad
Cada vez que llueve con intensidad, el país confirma una realidad conocida: República Dominicana sigue siendo altamente vulnerable a las inundaciones. La tormenta Melissa volvió a ponerlo en evidencia. En Santo Domingo Oeste, la cañada de Guajimía se desbordó nuevamente, afectando a comunidades que viven a pocos metros del cauce, pese a los múltiples anuncios de saneamiento y a los millonarios préstamos aprobados para ese fin.
El problema no es la falta de financiamiento. Desde 2020, el Estado dominicano ha comprometido más de 4,000 millones de dólares en préstamos internacionales vinculados al cambio climático, la gestión de riesgos, el saneamiento ambiental y la resiliencia. Si se suman los empréstitos firmados entre 2012 y 2020, la cifra supera los 6,000 millones de dólares. Sin embargo, los efectos de esas inversiones siguen siendo difíciles de identificar en el territorio.
Guajimía es un caso emblemático. En 2020 se aprobó un préstamo de 54 millones de dólares destinado específicamente a su saneamiento. A ese monto se agregan cerca de 200 millones de dólares invertidos en las últimas dos décadas con el mismo objetivo. Aun así, durante los recientes aguaceros, la cañada volvió a desbordarse, provocando inundaciones en sectores aledaños y reabriendo una pregunta recurrente: ¿qué se ha logrado con esos recursos?
Resultados poco visibles
Entre 2020 y 2024, el Gobierno firmó más de 25 préstamos internacionales con objetivos relacionados al cambio climático y la sostenibilidad. Entre ellos figuran 80 millones de dólares para agricultura resiliente, 250 millones para el sistema eléctrico, 140 millones para saneamiento en zonas turísticas y más de 900 millones para gestión costera, residuos sólidos y acción climática.
En 2024, se sumaron nuevos compromisos, incluidos 400 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, 50 millones para saneamiento costero y 45 millones para la gestión de residuos. En conjunto, los compromisos superan los 4,000 millones de dólares en apenas cinco años.
Ese mismo año, el país colocó su primer Bono Verde soberano, por 750 millones de dólares, presentado como un hito hacia una economía sostenible. Los fondos estaban destinados a transporte limpio, energías renovables y adaptación al cambio climático. Sin embargo, meses después de la emisión, no existe un informe público detallado que permita conocer con precisión el destino de esos recursos ni su impacto ambiental o social.
Más deuda, los mismos riesgos
Además de los préstamos bilaterales y multilaterales, República Dominicana participa en fondos climáticos internacionales. En marzo de 2025, se aprobó el Plan ACT de los Fondos de Inversión en el Clima, con 85 millones de dólares para impulsar la transición energética. Tras el huracán Fiona, el Banco Mundial otorgó 200 millones de dólares para recuperación y gestión del riesgo. A esto se suma el Programa BID Clima, orientado a facilitar el acceso a mercados de deuda verde.
El resultado es una paradoja persistente: más endeudamiento para enfrentar el cambio climático, pero vulnerabilidades que se repiten con cada temporada de lluvias.
Desde el punto de vista legal e institucional, los proyectos financiados con préstamos deben cumplir requisitos claros. Toda inversión pública debe estar registrada y aprobada por el Sistema Nacional de Inversión Pública, bajo la rectoría del Ministerio de Hacienda, y contar con mecanismos de seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Así lo establecen la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la Ley 247-12, la Constitución y el marco de control de la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas.
Información dispersa, impacto difícil de medir
Pese a ese marco normativo, la información sobre el financiamiento climático sigue fragmentada. Ni el Ministerio de Hacienda ni el de Medio Ambiente publican informes periódicos de impacto que permitan evaluar cuánto se ha ejecutado, en qué proyectos y con qué resultados concretos.
Un mapeo publicado por Participación Ciudadana en 2023 identificó 22,000 millones de pesos en cooperación internacional para cambio climático entre 2014 y 2023, principalmente donaciones y asistencia técnica. Aunque estos fondos no generan deuda, el informe advierte que los proyectos se reportan de forma agregada, sin detallar beneficiarios ni resultados medibles, lo que dificulta evaluar su efectividad.
El país cuenta con un Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación, creado mediante el Decreto 541-20, pero su componente financiero aún no opera plenamente. En consecuencia, sigue sin existir una plataforma pública que permita rastrear de manera clara de dónde proviene y cómo se utiliza el dinero destinado a la acción climática.
Cada lluvia como prueba
En el papel, República Dominicana dispone de instrumentos sólidos: la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los compromisos internacionales en materia climática. En la práctica, cada lluvia intensa se convierte en una prueba de fuego.
Si hay préstamos para saneamiento, ¿por qué colapsan las mismas cañadas? Si hay fondos para residuos, ¿por qué persisten los vertederos a cielo abierto? Si hay deuda para resiliencia, ¿por qué las comunidades más vulnerables siguen inundándose?
En cinco años, el país ha comprometido más de 4,000 millones de dólares para enfrentar el cambio climático. Pero mientras la deuda crece, la resiliencia continúa siendo, para miles de dominicanos, una promesa que aún no se refleja en el terreno
