Nueva York.- Rudolph Giuliani, exabogado del expresidente Donald Trump (2017-2021), conocerá este viernes si continuará acogido a la ley de quiebras o si por el contrario, el juez que decidirá sobre sus activos accede a poner fin a esa protección, lo que podría abriría la puerta para acciones legales de sus acreedores.
El también exalcalde de Nueva York (1994-2001) se declaró en bancarrota el pasado diciembre, tras ser condenado por una corte a pagar 148 millones de dólares a Ruby Freeman y su hija Shaye Moss, trabajadoras electorales de Georgia, por haberlas difamado y que son sus principales acreedoras.
Este caso fue parte de los intentos de Giuliani por revertir los resultados de las elecciones de 2020 que perdió Trump frente al demócrata Joe Biden.
Giuliani declaró en diciembre unos activos estimados entre uno y diez millones de dólares, mientras que sus deudas se estiman entre 100 y 500 millones de dólares.
El exalcalde enfrentó este miércoles una audiencia en un tribunal de bancarrotas donde sus abogados y sus mayores acreedores acordaron que una solución para todos seguir adelante era poner fin a la protección de la ley de quiebras, señala la cadena ABC.
El juez federal Sean Lane fijó la próxima audiencia para este viernes, donde dará a conocer su decisión.
Otros acreedores han pedido al magistrado que no acepte la propuesta -aunque el juez se mostró inclinado a favorecerla- y que coloque todos los activos de Giuliani bajo el control de un síndico.
El juez también dejó claro que no se convertirá en un caso de liquidación -otra opción que había propuesto Giuliani recientemente- porque no sería justo para los acreedores.
Los activos de Giuliani incluyen relojes de lujo y sus dos apartamentos en Nueva York y Florida, que Freeman y Moss podrían reclamar para cobrar su dinero.
Un fin a la protección de la ley de quiebras permitiría a Giuliani apelar la decisión que le obliga a pagar los 148 millones de dólares.
La semana pasada, la Corte Suprema del estado informó que revocó la licencia de abogado a Giuliani, que fue fiscal federal, por ayudar a Trump en sus intentos de interferir con los resultados de los comicios de 2020.
