El tráfico ilícito de armas y municiones es una actividad propia del crimen organizado. Es un delito muy grave que se castiga con sanciones severas en todas partes del mundo.
Pero también es, de acuerdo con la legislación dominicana y los tratados internacionales, un delito precedente del lavado de activos. O sea que, quien vende armas o municiones ilegales percibe dinero ilícito, que al tenerlo o usarlo en cualquier operación comete el delito de blanqueo de capitales.
A esto y no a otra cosa era a lo que se dedicaban, hasta el día de su arresto, el Intendente y el Subintendente de armas de la Policía Nacional dominicana, así como nueve otro oficiales y subalternos que integraban esa estructura criminal.
En el caso de estos policías sus delitos son de mayor envergadura, porque se estima que distrajeron (robaron) cerca de un millón de municiones para venderlas, a través de intermediarios, a las bandas criminales que han sembrado la muerte y el terror en Haití.
Conviene recordar que el presidente Luis Abinader declaró hacer pocos días que, para su gobierno, esas bandas eran grupos terroristas, lo cual se compadece con las acciones realizadas por esos grupos armados, que han propiciado el virtual aislamiento aéreo de la vecina nación.
Esas bandas armadas haitianas constituyen un alto riesgo para la seguridad nacional de la República Dominicana. Y colaborar con ella es atentar contra la seguridad de esta nación.
Satisface saber que el Ministerio Público y la propia Policía Nacional actuaron contra ese grupo de crimen organizado instalado en la institución del orden, con una eficiencia y rapidez vista en pocas ocasiones. Y que la Ministra de Interior ha garantizado que el caso será investigado y procesado sin limitación alguna. Su desmantelamiento ya es un logro, pero no basta.
En diversos corrillos se habló durante años de los desmanes que, supuestamente, se cometían en la intendencia de armas de la Policía, así como de la venta ilegal de armas que formaban parte de expediente judiciales. Pero esto que se ha revelado supera en gravedad cualquier acción ilegal anterior.
Confiemos en que este caso, denominado Operación Pandora, permita de una vez por todas exorcizar todos los demonios reales o supuestos vinculados a la gestión de armas de fuego y municiones por parte de una institución que, como la Policía Nacional, está inmersa en un proceso positivo de reforma, que todos los dominicanos debemos apoyar.
