Nueva York.– El cierre parcial del gobierno entra en su segundo mes y mantiene en vilo a los 42 millones de estadounidenses que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Dos tribunales federales, en Massachusetts y Rhode Island, ordenaron a la administración Trump usar los fondos de contingencia para garantizar los pagos, corrigiendo una interpretación legal que habría dejado a millones sin alimentos desde el 1 de noviembre. Aunque la decisión judicial ofrece un alivio temporal, la incertidumbre persiste y deja al descubierto un conflicto político donde el hambre se usa como herramienta de presión.
La jueza Indira Talwani, en Boston, sostuvo que el gobierno tiene obligación legal de activar la reserva de emergencia. En Providence, el juez John J. McConnell Jr. exigió liberar los fondos “lo antes posible” y presentar un informe inmediato de cumplimiento. Los fiscales estatales calculan entre 5 y 6 mil millones de dólares disponibles en fondos de contingencia. Según consta en la acción civil No. 1:25-cv-13165-IT del Commonwealth of Massachusetts et al. vs. United States Department of Agriculture, el dinero existe, pero los retrasos en la recarga de tarjetas electrónicas podrían afectar a millones de familias.
Ante los reveses judiciales, Donald Trump anunció que su equipo legal pedirá una “aclaración” sobre cómo financiar legalmente el programa durante el cierre. A través de Truth Social, responsabilizó a los demócratas, en especial a Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, por el estancamiento político. Es una jugada que reconoce la autoridad judicial, pero mantiene el pulso partidista.
El SNAP, que en 2024 atendió en promedio a 41.7 millones de personas y desembolsó casi 100 mil millones de dólares, no enfrenta una crisis económica sino una crisis política. La administración federal decidió reinterpretar de manera restrictiva los mecanismos legales que ya existían para emergencias. Así, la incertidumbre no proviene de la falta de dinero, sino de la falta de voluntad política.
Tanto republicanos como demócratas cargan con responsabilidad. El cierre se ha convertido en un instrumento habitual de presión. Mientras el oficialismo culpa a los demócratas por mantener el gobierno cerrado, estos replican que el Ejecutivo manipula la ley para imponer su presupuesto. El resultado es el mismo: familias sin comida, pequeños comercios al borde de la quiebra y bancos de alimentos saturados.
Conviene desmontar mitos. Los datos del USDA muestran que la mayoría de beneficiarios de SNAP son trabajadores pobres, adultos mayores o personas con discapacidad. En 2023, cuatro de cada cinco hogares incluían a menores, mayores o discapacitados. Por raza, el 35.4 % son blancos, el 25.7 % afroamericanos y el 15.6 % latinos. Los estereotipos que asocian el programa con “abuso generalizado” carecen de sustento y perpetúan prejuicios raciales.
No es el único frente judicial. En octubre, otra jueza bloqueó una orden del USDA que obligaba a 21 estados a entregar datos personales de solicitantes, ante el riesgo de que se usaran con fines migratorios. Estas medidas endurecen la burocracia y erosionan la confianza en programas de ayuda.
Las órdenes de Massachusetts y Rhode Island evitan un colapso inmediato, pero no eliminan el riesgo de pagos tardíos o parciales. Para una familia pobre, un retraso de días equivale a no comer. Lo que en Washington se debate como una cuestión de “autoridad legal” se traduce en largas filas en comedores y cuentas negativas en las tiendas de barrio.
El Faro Latino sostiene una posición crítica frente a ambos partidos. La Casa Blanca usó el alimento como palanca de negociación y el liderazgo demócrata trató el cierre como un juego político. Nadie gana cuando el precio de la disputa es la cena de los pobres.
El país necesita acciones concretas: cumplimiento inmediato de las órdenes judiciales, una resolución presupuestaria que proteja SNAP y WIC de futuros cierres, y transparencia sobre el uso de los fondos de contingencia. Un gobierno responsable se mide por cómo protege a los más vulnerables. Si el Estado puede pagar los sueldos militares, también puede garantizar comida a su gente. La comida no debe ser trofeo de guerra legislativa, y si los partidos no establecen límites éticos, la ciudadanía deberá hacerlo en las urnas.
