El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sufrió una serie de derrotas judiciales el miércoles y el jueves en demandas sobre sus políticas de inmigración, elecciones y represión de los programas de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas.
Mientras que, las disputas jurídicas que se libran en todo el país están lejos de terminar, y los abogados del gobierno contraatacaron, solicitando a tribunales federales de apelaciones y a la Corte Suprema federal que revoquen algunas de las decisiones desfavorables.
Por lo que, se presenta un resumen de los fallos más destacados entre más de 170 demandas que enfrentan las órdenes ejecutivas de Trump:
Diversidad, Equidad e Inclusión
El jueves, al menos tres jueces federales bloquearon intentos del Departamento de Educación para imponer restricciones a los programas DEI en escuelas y universidades. Las decisiones se conocieron justo antes del plazo impuesto por el propio departamento para que los estados certificaran que no aplicarían “prácticas ilegales DEI”.
En New Hampshire, un juez detuvo la implementación de memorandos que ordenaban eliminar prácticas educativas que distinguieran entre personas según su raza. Fallos similares se emitieron en Maryland y Washington, D.C., congelando partes clave de los esfuerzos del gobierno por desmantelar programas orientados a la inclusión.
Reformas Electorales
En Washington, D.C., la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly bloqueó parcialmente una orden ejecutiva de Trump que pretendía cambiar las reglas para las elecciones federales. El fallo impide, por ahora, implementar un requisito que obligaría a los votantes a demostrar su ciudadanía al registrarse.
La jueza argumentó que la Constitución reserva al Congreso y a los estados la autoridad para regular los procesos electorales, no al presidente. No obstante, permitió que otras disposiciones de la orden —como cambios en los plazos para el voto por correo— sigan en curso mientras se desarrolla el litigio.
Políticas Migratorias
El gobierno de Trump también recibió varios fallos adversos en temas migratorios:
Colorado: Se impidió al gobierno deportar a personas con base en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma rara vez utilizada. La administración apeló la decisión alegando que la jueza carece de jurisdicción.
Maryland: Una jueza ordenó facilitar el regreso de un joven venezolano deportado a El Salvador pese a tener una solicitud de asilo pendiente, señalando que el gobierno violó un acuerdo previo.
Texas: Se reveló que migrantes enfrentan plazos extremadamente cortos —alrededor de 12 horas— para decidir si impugnan su deportación. La ACLU advirtió que esto contraviene una orden de la Corte Suprema que exige dar un “tiempo razonable” a los detenidos.
California: Un juez federal en San Francisco prohibió temporalmente que el gobierno retenga fondos federales a ciudades santuario. Argumentó que las nuevas órdenes ejecutivas son inconstitucionales, igual que las de 2017.
Personas Transgénero en el Ejército
Por último, el gobierno solicitó a la Corte Suprema levantar un bloqueo que impide aplicar la prohibición a personas transgénero en las fuerzas armadas. La política fue implementada a inicios del segundo mandato de Trump y justificada bajo el argumento de que la identidad de género es incompatible con los valores militares.
No obstante, un juez en Washington falló recientemente a favor de un grupo de militares transgénero, calificando la medida como discriminatoria y carente de base legal.
Estos fallos reflejan los desafíos legales que enfrenta la administración Trump al intentar imponer su agenda en temas profundamente divisivos. Con apelaciones en curso, los próximos meses serán clave para definir el futuro de varias de estas políticas.
