El Gobierno de Donald Trump llevó este martes una nueva disputa ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, con el objetivo de obtener el respaldo de los magistrados a su política migratoria.
En esta ocasión, la Administración republicana busca que el alto tribunal anule la orden del juez Brian Murphy, quien impidió la deportación inmediata de varios migrantes a terceros países, al considerar que tienen derecho a impugnar dichos traslados.
La controversia surgió días atrás, cuando el Gobierno ordenó la deportación de ocho hombres a Sudán del Sur como país de destino alternativo, luego de que sus países de origen —Cuba, Laos, México, Myanmar y Vietnam— se negaran a recibirlos. Las autoridades habían determinado que los individuos se encontraban en situación migratoria irregular y con antecedentes penales.
Inicialmente, el 19 de mayo, los afectados fueron informados de que serían trasladados a Sudáfrica, pero ese mismo día se les notificó un cambio de destino hacia Sudán del Sur.
El juez Murphy cuestionó el proceso, señalando que el cambio de destino fue comunicado con menos de 16 horas de antelación —la mayoría fuera del horario laboral—, lo que limitó severamente la posibilidad de los migrantes de contactar a sus abogados o familiares.
Asimismo, el magistrado advirtió que Sudán del Sur es un país sobre el cual Estados Unidos ha emitido advertencias de viaje severas, lo que refuerza el temor de los deportados a ser enviados a una zona de alto riesgo.
“Dadas las circunstancias, es difícil tomar en serio la idea de que el Gobierno pretendía darles una oportunidad real de presentar una reclamación válida”, expresó Murphy, quien también acusó a la Administración de “fabricar casos” contra los migrantes y llamó a que “la razón prevalezca sobre la retórica”.
Si bien la orden del juez no exige el retorno de los migrantes a Estados Unidos, sugiere que se celebren audiencias en Yibuti, bajo custodia de autoridades estadounidenses.
Ante esta decisión, el Departamento de Justicia presentó una apelación de emergencia, denunciando que el juez Murphy está interfiriendo en un proceso que describen como “una tarea diplomática delicada”.
“El país enfrenta una crisis de inmigración ilegal, en parte porque muchos de los extranjeros que más merecen ser deportados son también los más difíciles de expulsar”, argumentó el procurador general D. John Sauer en su comunicación a la Corte Suprema.
Sauer también rechazó la sugerencia de realizar audiencias en instalaciones militares fuera del país, afirmando que ello coloca al Gobierno ante una “disyuntiva intolerable” entre retener a los migrantes en bases militares extranjeras o devolver a “delincuentes convictos” al territorio estadounidense.
“El proceso inventado por el tribunal de distrito solo genera retrasos. Mientras ciertos extranjeros podrían beneficiarse de postergar su expulsión, la nación no lo hace”, concluyó Sauer.
Este caso se suma a una larga lista de disputas judiciales derivadas de los operativos migratorios del Gobierno de Trump, que han sido duramente cuestionados por organizaciones de derechos humanos debido a los métodos utilizados y a las condiciones en los centros de detención.
