El Gobierno del presidente Donald Trump enfrenta múltiples demandas presentadas por ciudadanos estadounidenses que aseguran haber sido detenidos de manera injustificada durante redadas migratorias, entre los casos denunciados se encuentra el de un trabajador de la construcción arrestado en dos ocasiones y un anciano golpeado y mantenido bajo custodia mientras se recuperaba de una cirugía de corazón.
Las querellas legales buscan indemnizaciones de hasta 50 millones de dólares por violaciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos, estas demandas se han convertido en un fenómeno recurrente en los últimos meses.
El pasado lunes, Leonardo García Venegas demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por detenerlo en dos ocasiones en obras de construcción en Alabama, consideradas objetivos frecuentes de las operaciones migratorias, representado por el Institute for Justice, García Venegas alegó que las detenciones fueron “irrazonables” y violaron la Cuarta Enmienda, que protege a los ciudadanos contra registros y detenciones sin causa probable.
De acuerdo con los documentos, García Venegas fue detenido por primera vez en mayo cuando agentes enmascarados ingresaron a una obra, a pesar de identificarse como ciudadano estadounidense y presentar su identificación REAL ID, fue derribado y esposado durante una hora, en junio, volvió a ser detenido en otra construcción, siendo liberado junto con otros residentes legales veinte minutos después.
La demanda, presentada como querella colectiva, incluye 19 casos de ciudadanos y residentes legales que habrían sido detenidos en circunstancias similares, según la querella, estas políticas ilegales afectan directamente a ciudadanos inocentes y trabajadores.
En otro caso, Rafie Ollah Shouhed, de 79 años y dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles, denunció haber sufrido fracturas, lesiones graves y traumatismo craneoencefálico tras una redada migratoria el 9 de septiembre. Videos de cámaras de seguridad muestran que los agentes irrumpieron en su negocio y lo derribaron al suelo en un pasillo.
A pesar de explicar que se recuperaba de una cirugía de corazón, los agentes lo sometieron con fuerza y lo trasladaron esposado al centro de detención de Los Ángeles, donde permaneció casi 12 horas sin atención médica ni posibilidad de realizar llamadas, la demanda, que reclama 50 millones de dólares, alega violaciones a la Ley Bane de California, que protege los derechos constitucionales frente al uso de la fuerza.
Asimismo, en agosto, cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron demandas por separado contra el DHS tras considerar que fueron detenidos arbitrariamente. Entre ellos se encuentra Cary López Alvarado, quien estaba embarazada en el momento de la detención y asegura que su bebé nació prematuro, el abogado Luis Carrillo, representante de los demandantes, calificó las acciones de los agentes como “brutales” y manifestó que buscan que las demandas detengan el uso excesivo de la fuerza.
Carrillo se ha unido a la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta para presentar una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, solicitando una investigación sobre los abusos cometidos contra ciudadanos e inmigrantes durante las redadas migratorias.
