San Cristóbal, República Dominicana. La jueza Licelot Casado, interina de la Primera Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, rechazó este martes la solicitud de libertad condicional presentada por la defensa de Pablo Ross, condenado a 10 años de prisión por violación a la Ley 136-03, en un caso de agresión sexual agravada contra una menor de edad.
En su decisión, la magistrada indicó que el tiempo de pena cumplido por el interno “no ha sido suficiente como desagravio social ni como resarcimiento a la sociedad”, y señaló además que no se evidenció un arrepentimiento real por parte del condenado. La jueza destacó que estos elementos son esenciales para evaluar la procedencia de una libertad condicional, especialmente tratándose de una infracción que afecta de forma grave a la niñez y adolescencia.
Garante no idóneo
La jueza Casado también fundamentó su decisión en la falta de idoneidad del garante presentado por la defensa, quien aseguró poseer una empresa con 14 años de operación, pero no presentó documentación que comprobara su existencia.
El tribunal señaló además que dicha persona viaja constantemente fuera del país, lo que imposibilitaría una adecuada supervisión del interno, incumpliendo así los requisitos legales establecidos para fungir como garante.
Postura de las víctimas y situación de salud
Durante la audiencia, los padres de la menor, constituidos como víctimas, manifestaron que no ha habido un resarcimiento auténtico hacia la familia ni hacia la sociedad, afirmación que fue valorada por la magistrada dentro de sus motivaciones.
En cuanto a la documentación presentada por la defensa sobre el estado de salud de Pablo Ross, la jueza informó que dichos informes no fueron compartidos con las demás partes del proceso, por lo que la defensa desistió de estos. Sin embargo, el centro penitenciario emitió una certificación donde consta que el interno presenta un “buen estado de salud”.
Posibilidad de una nueva solicitud
Los abogados del condenado podrán presentar una nueva solicitud de libertad condicional en un plazo de tres meses, contados a partir de la notificación oficial de esta decisión.
