Filadelfia, PA.- Un panel del Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones rechazó la interpretación utilizada por la administración de Donald Trump para ampliar la detención migratoria obligatoria de ciertos inmigrantes establecidos en Estados Unidos.
La decisión, adoptada por una mayoría de dos jueces contra uno, establece que el gobierno no puede impedir de manera general que personas con años de residencia en el país soliciten una audiencia de fianza después de ser detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El fallo surgió de los casos de Gabriel Buele Morocho y Wanderson Lopes De Andrade, dos inmigrantes que llevaban varios años viviendo en Estados Unidos cuando fueron arrestados por agentes de ICE.
El litigio llegó al tribunal de apelaciones tras cuestionarse el fundamento legal empleado para negarles la oportunidad de pedir su liberación mientras continuaban sus respectivos procesos migratorios. El panel había escuchado los argumentos en mayo.
La jueza Patty Shwartz redactó la opinión mayoritaria, respaldada por el juez Theodore McKee. La jueza Jennifer Mascott, nombrada durante la administración Trump, presentó una posición disidente.
La controversia se concentra en la sección 1225(b)(2)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que regula la detención de determinadas personas consideradas solicitantes de admisión al país.
Desde 2025, la administración Trump ha recurrido con mayor frecuencia a esa disposición para sostener que algunos inmigrantes presentes dentro de Estados Unidos pueden ser tratados, para fines de detención, como personas que buscan ingresar al territorio.
La mayoría del Tercer Circuito rechazó esa interpretación y concluyó que el gobierno no puede someter automáticamente a inmigrantes con años de permanencia en el país a las mismas reglas aplicadas a determinados individuos que intentan entrar a Estados Unidos.
Según el razonamiento del panel, estos casos pueden quedar sujetos a la sección 1226(a), que permite solicitar ante un juez de inmigración una evaluación individual para determinar si la persona debe continuar detenida o puede recuperar su libertad durante el proceso.
Shwartz también señaló que negar categóricamente esa oportunidad a inmigrantes con vínculos significativos en comunidades estadounidenses plantea interrogantes relacionados con el debido proceso de la Quinta Enmienda. Mascott cuestionó la distinción establecida entre quienes son detenidos después de ingresar al país y quienes se presentan ante las autoridades migratorias.
La resolución representa otro revés judicial para la estrategia federal y mantiene abierta la disputa sobre el alcance de las leyes que regulan la detención sin fianza. Las diferencias entre el gobierno y varios tribunales federales podrían llevar el conflicto ante la Suprema Corte de Estados Unidos.
