
El juez presidente de la Corte Suprema de EE. UU., John Roberts, detuvo temporalmente el plazo impuesto por un juez que obligaba a la administración de Trump a devolver a un hombre deportado por error a El Salvador. La decisión da tiempo al tribunal superior para revisar la solicitud de emergencia presentada por la administración Trump para levantar la orden del juez.
Roberts acordó suspender el plazo fijado por la jueza federal Paula Xinis, quien había establecido la medianoche del lunes como límite para que la administración devolviera a Abrego García al país. Sin embargo, la orden no aborda los méritos del caso y no es indicativa de cómo decidirá la Corte en última instancia.
El caso de Abrego García
Abrego García fue uno de los cientos de migrantes deportados a una prisión salvadoreña de alta seguridad el mes pasado. El gobierno de EE. UU. lo acusa de tener vínculos con la pandilla MS-13, basándose en un informe de un informante confidencial. No obstante, su familia niega que García tenga relación alguna con bandas criminales.
El Departamento de Justicia argumenta que no es posible traer a García de vuelta a EE. UU. ahora que se encuentra bajo custodia de las autoridades salvadoreñas. Según el Departamento, la decisión del juez de distrito pone a EE. UU. en una posición vulnerable y “prepara al país para el fracaso”.
Apelación ante la Corte Suprema
La administración presentó su apelación de emergencia ante la Corte Suprema el lunes por la mañana, minutos antes de que un tribunal de apelaciones de menor rango rechazara su intento de retrasar el plazo. En documentos judiciales, los abogados de García indicaron que la solicitud de la administración se basa en “una serie de argumentos falsos” y describieron la situación como el producto de un “error kafkiano” de EE. UU.
No es una victoria definitiva
Aunque la suspensión temporal de Roberts representa una victoria provisional para la administración Trump, no garantiza que la Corte Suprema fallará a su favor. En un caso similar, en febrero, Roberts también suspendió un plazo impuesto por un juez en relación con pagos de ayuda extranjera, aunque luego se unió a los jueces liberales y a la jueza Amy Coney Barrett para votar en contra de la administración.