Ingrid Jorge enfrenta una nueva querella con constitución en actor civil, interpuesta por el diputado Sergio Moya (Gory), por supuesta difamación e injuria. El legislador, miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), presentó la acción legal ante la Fiscalía del Distrito Nacional a través de sus abogados José Altagracia Fis Batista, Enmanuel Pimentel Reyes y Enmanuel Martínez Acevedo.
La instancia acusa a Jorge de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el artículo 367 del Código Penal Dominicano, relacionados con difamación pública y delitos cometidos mediante medios digitales.
Esta denuncia se suma a otra querella presentada contra Jorge por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, también por presunta difamación e injuria. En este caso, la ministra actúa a través del abogado Miguel Valerio Jiminián, y la instancia fue depositada el pasado 30 de mayo ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Ambas querellas también incluyen al comentarista Ángel Martínez, quien reside en Miami y fue arrestado el pasado lunes 26 de mayo en Puerto Plata, por acusaciones similares. En la acción presentada por la ministra Raful, se señala a Jorge y Martínez por emitir declaraciones difamatorias que vinculan a la funcionaria con supuestas actividades ilícitas y conductas sexuales inapropiadas.
Según los documentos depositados, las expresiones atribuidas a los imputados son calificadas como injuriosas y carentes de sustento, con la presunta intención de afectar la imagen pública de la ministra.
Litigios adicionales de Sergio Moya
El diputado Sergio Moya también mantiene un proceso judicial contra Claudia Pérez, conocida como La Tora y madre de Ingrid Jorge, por presunta difamación. En ese expediente, la jueza Diana Moreno Rodríguez, de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, emitió una orden de arresto tras declarar a Pérez en rebeldía. Luego de su detención, la jueza levantó dicha condición. No obstante, Pérez recusó a la magistrada al momento de iniciar la audiencia y la sometió a juicio disciplinario.
Adicionalmente, Moya interpuso una querella por difamación contra Ángel Martínez ante la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional el 10 de febrero de 2021, representado por los abogados Frank Reynaldo Fermín y Emmanuel. En este proceso, el tribunal declaró en rebeldía a Martínez y emitió una orden de arresto y captura internacional, tras su incomparecencia pese a estar legalmente citado.
Debate sobre el uso de medios digitales
Estos casos han reavivado el debate sobre el uso irresponsable de plataformas digitales y medios de comunicación para afectar la honra de figuras públicas, así como sobre los límites legales de la libertad de expresión en entornos digitales.
El historial de acusaciones que pesan contra el diputado Gory Moya: narcotráfico, soborno, asociación de malhechores y desfalco al Estado
En la política dominicana hay figuras que, por más escándalos que acumulen, parecen moverse como si nada. Uno de los casos más representativos de esa realidad es el del diputado Sergio Moya, mejor conocido como Gory. Actual legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la circunscripción 3 del Distrito Nacional, Moya carga con una historia llena de expedientes judiciales y acusaciones de corrupción. Aun así, de manera sorprendente, se mantiene en el Congreso con voz y voto.
La relación de Gory con la justicia no es reciente. En julio de 1998 fue sometido por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto a su hermano Juan Antonio Moya de la Cruz, acusados ambos de lavado de dinero vinculado al narcotráfico. El expediente incluía una larga lista de propiedades, vehículos, locales comerciales, fincas, apartamentos, obras de arte valoradas en millones y más de 800 mil dólares en efectivo. Aunque fue descargado por “insuficiencia de pruebas” en el año 2000, su nombre quedó ligado para siempre a ese escándalo.
En 2014 volvió a ser mencionado en un contexto delicado. Winston Rizik, conocido como “El Gallero”, dijo en un interrogatorio que Jesús Pascual Cabrera intentó matarlo por oponerse a que asesinaran a Moya. Aunque no hubo consecuencias legales para el diputado, fue otro capítulo turbio en su historial.
El escándalo más reciente: Operación Calamar
El golpe más fuerte en su carrera política llegó en 2023 con el caso Operación Calamar. Este expediente, liderado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destapó una trama mafiosa de desfalco al Estado que supera los 19 mil millones de pesos. Gory fue acusado de ser uno de los cabecillas del esquema de cobros ilegales a bancas de apuestas, colmadones y consorcios de loterías, valiéndose de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.
Según el Ministerio Público, el diputado no solo coordinaba estos cobros, sino que se beneficiaba directamente de los pagos extorsivos. Los cargos incluyen asociación de malhechores, soborno, estafa al Estado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Es decir, no es un simple “mencionado” en el caso, es parte del corazón del entramado.
Una vida personal llena de titulares
Fuera de lo político, Sergio Moya también ha estado en el ojo público por su vida sentimental. Moya también estuvo casado con la exesposa del narcotraficante César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador. Con ella tuvo dos hijos. Un vínculo que, aunque no lo convierte en culpable de nada, suma más preguntas que respuestas sobre las relaciones que ha cultivado a lo largo de los años.
Un discurso que deja mucho que decir
Hace pocos días, en medio de las investigaciones y los señalamientos, Moya subió al hemiciclo a defenderse, pero en lugar de aclarar su situación o mostrarse dispuesto a colaborar con la justicia, lanzó una advertencia: dijo que sus abogados someterán a cualquiera que atente contra su honra. Así, con ese tono retador, pretendió desmarcarse del expediente como si el problema fuera la opinión pública.
Lo más preocupante de todo esto es que alguien con ese historial, con esos vínculos y con acusaciones tan serias, siga ocupando una curul en el Congreso. Y mientras siga legislando como si su expediente no existiera, todos tenemos el derecho de preguntarnos: ¿a quién está protegiendo el sistema?
