SANTO DOMINGO. En marzo de 2016, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), puso en marcha el proyecto “Expandiendo el bienestar: Fortalecimiento Institucional del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)”. Concebido como la hoja de ruta hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), buscaba profesionalizar procesos, modernizar la tecnología y blindar la institución frente a riesgos financieros y corrupción.
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes indica que el programa, identificado bajo el número 00094738, tenía un presupuesto inicial de US$13,967,972.12. En 2019, con la Enmienda IV, se aprobó esa suma, pero en 2020 la Enmienda V ajustó el monto a US$8,637,558.95 y extendió su vigencia hasta diciembre de ese año. Según documentos y testimonios, más de la mitad de esos fondos ya habían sido desembolsados cuando el proyecto fue detenido.
Lo que proponía el plan
- Gestión institucional: profesionalizar recursos humanos, presupuesto y proyectos.
- Capacidad operativa: mejorar la afiliación y el servicio al usuario.
- Infraestructura moderna: oficinas y espacios de trabajo adecuados.
- Tecnología avanzada: sistemas informáticos con trazabilidad y seguridad de datos.
- Cultura organizacional: integración y liderazgo en el equipo de tecnología.
De haberse ejecutado plenamente, el SeNaSa habría contado con controles digitales de facturación médica, protocolos de auditoría en tiempo real y mayor transparencia en las contrataciones.
El fracaso de la modernización
El proyecto quedó inconcluso por razones institucionales: ejecutivos de SeNaSa nunca dieron fecha a reuniones de seguimiento ni recibieron los informes de los desarrolladores contratados. Esto truncó la modernización tecnológica, los sistemas de control y hasta las actividades de integración del personal.
El resultado fue doblemente grave:
- Ineficiencia: se pagó por un proyecto cuyo cumplimiento fue parcial.
- Riesgo de corrupción: al no blindar los procesos, se mantuvieron abiertas brechas para prácticas fraudulentas, como call centers paralelos, sobre-facturación médica y manipulación de registros.
De haberse completado, el proyecto habría dificultado la creación de redes paralelas para manipular afiliaciones o autorizar pagos fraudulentos. Bases de datos centralizadas, sistemas de trazabilidad y auditorías externas hubieran reducido las posibilidades de fuga de recursos.
“Expandiendo el bienestar” pudo ser la vacuna institucional contra los males que hoy sacuden al SeNaSa. Pero la falta de voluntad política y la resistencia interna lo convirtieron en un espejo roto: recursos invertidos, resultados incompletos y una modernización inconclusa.
