Los senadores José Del Castillo (Partido de la Liberación Dominicana) y Dionis Sánchez (Fuerza del Pueblo) se negaron este viernes a abandonar los recursos de fondos especiales que reciben los legisladores y que comúnmente se conoce como barrilito.
Ambos externaron sus opiniones por la propuesta del presidente Luis Abinader para eficientizar el uso de los recursos públicos, entre los que se incluyen los manejados por los senadores mensualmente. El primer mandatario propuso que dichos recursos sean redirecionados para funciones más específicas en el Congreso Nacional.
Ante esto, el senador Sánchez se rehusó a aceptar la iniciativa de Abinader por entender que esos fondos van en beneficio de los pobladores más pobres de la provincia y emplazó a los que crítican al barrilito a investigar e ir a los pueblos a percatarse de la realidad de las comunidades porque, a su entender, “es muy fácil hablar desde un escritorio”.
Asimismo, Sánchez garantizó que los recursos que reciben los senadores son constantemente fiscalizados por la Cámara Alta y explicó que para recibir los recursos, los legisladores deben presentar una documentación que detalle los gastos y el manejo del Fondo de Asistencia Social.
“Ojalá que todos los recursos del Estado se auditen como se audita el barrilito”, exclamó el congresista y reiteró que los municipes de diferentes zonas de las provincias acuden directamente al senador que los representa en busca de ayudas económicas.
El militante de la Fuerza del Pueblo consideró que el rechazo que tiene la población al barrilito obedece a la mala información sobre el tema y puntualizó que “la parte mediática ha jugado un papel muy fuerte” en el tópico de los fondos. Por tanto, entiende que el repudio hacia esos recursos obedece a una desinformación sobre el mencionado dinero público.
Asimismo, el senador de Pedernales defendió la legalidad del barrilito y explicó que como el Senado es un organismo colegiado, el presidente de la Cámara Alta no puede administrar todos los fondos, por lo que se recurre a la repartición de los mismos para los legisladores de las distintas provincias.
De su lado, el senador José Del Castillo, militante morado, saludó las iniciativas anticorrupción ofrecidas por Abinader, pero alegó que en caso de que se elimine el barrilito, los más afectados serán los pobladores de las provincias.
En ese sentido, manifestó que la eliminación o ratificación de este fondo especial es tarea del Poder Legislativo, no del Ejecutivo y añadió que aunque el jefe de Estado puede sugerir algunas normas para el Congreso, es tarea del órgano la labor de administración de sus propios recursos por tratarse de un poder independiente.
“Si eliminan el barrilito seguiremos haciendo la labor, pero con más limitaciones y eso a quien afecta es a las provincias más pobres”, destacó Del Castillo.
Actualmente, el Fondo de Asistencia Social que reciben 29 de 32 senadores asciende a más de $20 millones de pesos al mes y cuenta con la auditoría del departamento de fiscalización del Congreso Nacional.
Hasta la fecha, con el renombre que ha tenido el barrilito, sólo han renunciado a ellos senadores Eduardo Estrella, Antonio Taveras y Faride Raful.
