Puerto Príncipe, Haití
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia activó su unidad de crisis tras el secuestro en Haití de siete clérigos católicos, cinco haitianos y dos franceses, informó esa cartera el lunes luego de que los secuestradores exigieran un rescate de un millón de dólares.
El «centro de crisis y apoyo (…) así como nuestra embajada en Haití están plenamente movilizados en estrecha relación con las autoridades locales», dijo el Quai d’Orsay sin dar más detalles «por razones de eficiencia y seguridad».
El anuncio se produjo en momentos en que la Conferencia Episcopal de Francia y otros religiosos galos expresaron «su profunda preocupación» e instaron a «los secuestradores a liberar a los hombres y mujeres de paz que han secuestrado y no agregar más odio donde ya hay pobreza e inseguridad».
Los religiosos -cinco sacerdotes y dos monjas- fueron raptados el domingo en Croix-des-Bouquets, ciudad al noreste de la capital, Puerto Príncipe, mientras se dirigían «a la instalación de un nuevo párroco», el padre Loudger Mazile, dijo a la AFP el portavoz de la Conferencia Episcopal de Haití, una excolonia francesa.
Los secuestradores exigen un rescate de un millón de dólares por el grupo, que incluye a un sacerdote francés y una monja francesa, agregó.
«Llantos y temores»
La Conferencia de Religiosos de Haití (CHR) señaló en un comunicado que otras tres personas -familiares de un sacerdote que no figura entre los raptados- fueron asimismo secuestradas.
Las autoridades sospechan que una banda armada activa en la zona, apodada «400 Mawozo», está detrás del secuestro, según una fuente policial.
Los secuestros para extorsionar han aumentado en los últimos meses en Puerto Príncipe y en el interior de Haití, que comparte la isla de la Española con República Dominicana.
«La CDH expresa su profundo pesar así como enojo por la situación inhumana que hemos atravesado durante más de una década», de acuerdo con su comunicado.
«No pasa un día sin llantos y temores y, sin embargo, los llamados líderes de este país, mientras se aferran al poder, son cada vez más impotentes», agregó.
«Esto es demasiado. Ha llegado el momento de que cesen estos actos inhumanos», dijo por teléfono el domingo monseñor Pierre-André Dumas, obispo de Miragoâne.
«La Iglesia ora y se solidariza con todas las víctimas de este acto vil», añadió.
Estado de emergencia
En marzo, el gobierno haitiano declaró el estado de emergencia por un mes en ciertos distritos de la capital y una región del interior con el fin de «restaurar la autoridad del Estado» en áreas controladas por pandillas.
La medida está motivada por el accionar de bandas armadas que «secuestran a personas para pedir rescate, robando y saqueando bienes públicos y privados, y enfrentando abiertamente a las fuerzas de seguridad pública», según indica el decreto presidencial.
La violencia de las pandillas y la inestabilidad política han provocado recientemente protestas en las calles de la capital.
El 3 de abril, varios cientos de mujeres marcharon en Puerto Príncipe para denunciar el creciente poder de las pandillas en el territorio.
Los secuestros para obtener rescate afectan a los habitantes más ricos, pero también a la gente que vive bajo el umbral de la pobreza, que constituye la mayoría de la población.
Haití, el país más pobre del continente americano, lleva varios meses sumido en una profunda crisis política.
El presidente, Jovenel Moise, estima que su mandato finalizará el 7 de febrero de 2022, mientras que para la oposición y parte de la sociedad civil ya concluyó el 7 de febrero pasado.
Este desacuerdo se debe al hecho de que Moise fue elegido en unos comicios anulados por fraude y fue reelegido un año después.
Sin un parlamento que funcione, en 2020 el país se hundió aún más en la crisis y el presidente gobierna por decreto, lo que alimenta una creciente desconfianza hacia su administración.
En este contexto político inestable, Moise decidió convocar a un referéndum constitucional para junio próximo.
