Santo Domingo. – El nombre de Roberto Antonio Canaán, exgerente de Atención al Usuario del SeNaSa vinculado a un proceso judicial que involucra presuntos actos de corrupción administrativa, sobornos y financiamiento ilícito dentro del sistema de salud dominicano, ha vuelto a la palestra pública ahora como delator del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien le exigiera un soborno de 150,000 y otros bienes de lujo para “alterar el proceso seguido” en su contra.
Canaán se desempeñó como funcionario dentro de SeNaSa, entidad estatal encargada de gestionar el seguro de salud de millones de dominicanos. Desde su posición, estaba vinculado a la supervisión de servicios y la atención a afiliados, así como a procesos internos relacionados con prestadores de servicios médicos.
Durante la gestión encabezada por Santiago Hazim, Canaán también formó parte de estructuras administrativas que, según el Ministerio Público, son objeto de investigación por posibles irregularidades en la contratación de suplidores.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Canaán figura como una pieza clave dentro de un entramado que habría operado en la asignación de contratos en el sistema de salud.
En su declaración, Canaán habría detallado la existencia de mecanismos internos que permitían priorizar “casos de interés”, así como la supuesta intervención de personas cercanas a la dirección institucional.
Otro de los aspectos relevantes del caso es el señalamiento de un presunto flujo irregular de dinero. Según las autoridades: Canaán habría manejado sumas importantes en efectivo vinculadas a prestadores de servicios de salud.
Parte de esos fondos, que ascienden a millones de pesos, habrían sido entregados a figuras vinculadas a la administración de SeNaSa.
El Ministerio Público investiga si estos recursos fueron utilizados como financiamiento político irregular, lo que podría constituir delitos como tráfico de influencias y concusión.
Esta situación que enfrenta Canaán es la que supuestamente aprovechó el fiscal Aurelio Valdez Alcántara para pedirle, inicialmente, altas sumas de dinero a cambio de favorecerlo en el proceso judicial.
Conforme a la investigación, Valdez Alcántara exigió a la persona bajo investigación del caso SeNaSa una suma inicial de 200 mil dólares, suma que redujo a 150 mil dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450.
Las autoridades indican que el pasado 13 de marzo, el fiscal acordó un encuentro con Canaán en Plaza Lama de la 27 de Febrero. En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio.
De inmediato, el fiscal le indicó que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
El Ministerio Público sostiene en el expediente que el suspendido fiscal ejerció coacción continua en contra de Canaán a través de conversaciones telefónicas. Las autoridades citan una llamada del 18 de marzo de 2026, en la que Valdez Alcántara le pregunta a Canaán: “¿Para cuándo está la cosa?” y estableciendo como fecha límite de entrega el 24 de marzo.
Ya para el día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
Ese mismo día, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la intención de realizar el pago de soborno exigido. Lugar hasta donde el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional. El resto es historia.
En caso Senasa
Canaán no solo figura como investigado, sino también como testigo clave.
Su testimonio es considerado fundamental para reconstruir la presunta red de sobornos y tráfico de influencias.
El caso ha puesto en evidencia posibles fallas estructurales tanto en la administración pública como en el sistema de justicia.
Posición del Ministerio Público contra fiscal
El Ministerio Público ha reiterado que el proceso se enmarca dentro de su política de “cero tolerancia” a la corrupción, subrayando que las investigaciones alcanzan incluso a miembros del propio sistema judicial.
La investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población, una vez más, que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución.
La procuradora Reynoso calificó el hecho como muy grave, al recordar la responsabilidad que tienen los integrantes del Ministerio Público de perseguir la corrupción y todos los hechos punibles. “Quiero reiterar lo que he sostenido toda la vida y lo que dije, el 26 de febrero de 2025, al asumir la Procuraduría: jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quien lo haga”.
“Así que, en este caso, los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado en este caso, porque medimos con la misma vara a todos y trabajamos para que los tribunales produzcan sanciones ejemplarizadoras en este y en todos los demás casos de corrupción”, dijo Yeni Berenice Reynoso luego de que se ejecutara el arresto del fiscal investigado.
